Las elocuentes protestas que durante seis semanas se han apoderado de la Plaza de la Constitución y que en sus más recientes convocatorias han exigido la renuncia del presidente Otto Pérez Molina son apenas la cara más visible y sonora de una crisis política que sacude al Estado guatemalteco y que cuestiona su función, su misión y su integración.

Sin embargo, la debacle tiene otras facetas, sintomáticas, que a menudo pasan inadvertidas pero que igual representan un estado de cosas que del deterioro ha pasado ya a una fase crítica, por no decir terminal, en la cual se hace necesario un golpe de timón, que por supuesto las actuales autoridades no tienen las condiciones políticas ni técnicas para darlo.

Ver a agentes de la Policía Nacional Civil empujando sus unidades, por falta de combustible, debido a una abultada deuda a proveedores, que se resisten a continuar entregándolo a dependencias públicas que se han quedado sin capacidad de pago, es una vergonzosa situación límite a la que ha contribuido la seguidilla de gobiernos de los últimos 15 años.

Los policías no son los únicos que afrontan esas penurias, como lo testifican los médicos del Hospital San Juan de Dios, que ayer estuvieron a punto de paralizar la atención en la consulta externa, coincidentemente porque no han recibido las asignaciones presupuestarias establecidas, lo cual ha repercutido en un desabastecimiento de insumos que complica la prestación de servicios básicos, un drama que se viene gestando desde hace años y que, de hecho, fue uno de los caballitos de campaña publicitaria del actual gobierno.

Existe una fuente recurrente de este tipo de conflictos y limitaciones en el servicio público, y proviene de la imprudencia por parte del Ejecutivo, de los principales asesores en el equipo económico y también de los diputados al Congreso, que incurrieron en el despropósito de aprobar un presupuesto desfinanciado, el cual incluso pretendieron solventar con la inclusión de impuestos que ya se vislumbran ilegales y que, al no recaudarse, por estar suspendidos, le están pasando una costosa factura al Gobierno.

La caída en la recaudación tributaria se ha visto agravada porque los contribuyentes han perdido la confianza en el sistema, debido, sobre todo, al reciente escándalo en Aduanas, aunque ante la Ley esto no constituya una excusa válida. No obstante, es innegable el impacto que tiene este tipo de redes de desfalco.

El Gobierno anunció a comienzos del año un plan de austeridad que más pronto que tarde se vio burlado, debido a numerosos gastos superfluos tales como la continuación en la producción del estéril canal televisivo estatal, la compra por parte del Mineduc de banderines para un anodino campeonato de futbol escolar o el anómalo pago de Q22 millones a una empresa que vertió agua con sal en el Lago de Amatitlán.

Entre el dispendio y las carencias, el Ejecutivo que va de salida busca ahora tomar la ruta de más endeudamiento, como si su irresponsabilidad no fuera la causante del agravamiento de una crisis que bien pudo prevenirse.