Una de las peores tragedias de un país se manifiesta cuando surge, se mantiene y se profundiza la desconfianza popular en el sistema judicial, como consecuencia de fallos y decisiones, ya sea temporales o definitivos.

Si bien no es aceptable ni beneficioso que los jueces, en cualquiera de sus niveles, legislen para satisfacer los deseos de la mayoría poblacional, que muchas veces actúa de manera irreflexiva e irracional, tampoco se puede aceptar que sea hecho a un lado el criterio de muchos de los ciudadanos, una de cuyas características es la de pensar en la justicia, no tanto en la legalidad.

La certeza de que el sistema de justicia está mal tiene como una de sus consecuencias el aumento de la venganza y la acción ilegal para lograr el castigo a los delincuentes. Debido a ello aumenta el número de acciones pagadas a sicarios, grupos de asesinos que también actúan criminalmente en su calidad de integrantes de bandas, siempre desalmadas, que se dedican al crimen organizado.

Cuando la ciudadanía se convence de que la única forma de obtener justicia es por medio de la corrupción de los jueces, el país se convierte en un lugar donde disminuyen o desaparecen, por ejemplo, las inversiones extranjeras, a causa de que nadie coloca dinero en un lugar donde no existe la seguridad jurídica.

Hay otros casos en que el sistema de justicia se debilita. Uno de ellos es el pago de fianzas, y esto ocurre sobre todo en el ámbito de la corrupción, cuando estas significan cantidades cuantiosas cuya presentación por los beneficiados se convierte casi en una prueba de tener un origen oscuro. Esto puede comprobarse con solo investigar las condiciones previas de vida económica.

En los países como Guatemala, carcomidos por la corrupción, las capturas de nuevos y súbitos ricos abren esperanza a que disminuya la impunidad, es decir, el imperdonable premio a quienes participan en negocios cuya infamia llega a implicar la muerte de personas inocentes, de toda edad, condición económica, lugar de residencia, etcétera.

En esas circunstancias, la liberación de acusados, el arresto domiciliario sin fianza, el empleo doloso del derecho de amparo y toda una larga serie de artilugios legales no son vistos por la población como un avance o prueba de la calidad del sistema jurídico, sino todo lo contrario.

Algo similar ocurre con las audiencias decididas por los jueces para fechas lejanas. Esto aumenta la desesperanza generalizada y provoca resultados como aumento del tiempo de injusticias o de sufrimiento a causa de acusaciones falsas o de elementos que encajan en lo fortuito o en la más clara mala suerte.

La sociedad guatemalteca espera con supremo interés el resultado de los casos que se relacionan con la lucha anticorrupción destapada durante buena parte del año anterior. De nuevo, los juzgadores también se encuentran en el banquillo de los acusados. La depuración de los jueces venales es tan importante como los juicios a quienes traicionaron al país y causaron daños muchas veces irreparables. Esto debe abarcar a la totalidad de los niveles de la justicia, así como a quienes tienen como motivo de su trabajo interpretar la Constitución.