LA IGNORANCIA, POR NO decir la mala fe, de algunos jueces es un hecho constante del cual son víctimas los guatemaltecos. A veces esa mala fe surge como consecuencia de los nefastos precedentes sentados por resoluciones absurdas. Por aparte, esa ignorancia y mala fe reina en los burócratas, convertidos consciente o inconscientemente en testaferros o tontos útiles. Una de las leyes más desconocidas es la de Emisión del Pensamiento, cuya solidez de rango constitucional ha sido la principal razón por la cual los corruptos de toda calaña y nivel traten de vulnerarla para que no se hagan públicas sus repudiables acciones.
LA JUEZA Silvia Coralia Morales Asencio abrió un juicio solicitado por Verónica Taracena, ex jefa de la Comisión Presidencial para la Transparencia y Gobierno Electrónico, enfurecida porque en Siglo 21 fue publicada una noticia referente a gastos realizados en esa entidad burocrática cuando era dirigida por la solicitante. También, debido a su ignorancia, doña Silvia Coralia había solicitado —y obtuvo— el inicio de una acción ilegal contra los periodistas Carlos Ajanel, Byron Barillas, Fernando Soberanis, Manolo Acabal, Édgar Arana y Paola Albani. Para más datos, doña Silvia Coralia es destacada integrante del Informe de los Jueces de la Impunidad, de la Cicig.
ES NECESARIO TENER clara no solo la razón, sino la peligrosidad de mamotretos jurídicos como el comentado hoy. El fin es sentar un precedente para luego utilizarlo como base de otras acciones igualmente ilegales, entonces envueltas en el manto de la duda acerca de la posibilidad de ser válidas. Este asunto debe ser motivo de rechazo no solo del gremio y entidades periodísticas, sino de aquellas interesadas en el respeto de los derechos humanos, para de esa manera permitirle a los ciudadanos tener claro el riesgo del dual derecho de informar y de ser informado. Gracias a esa libertad democrática fundamental, los corruptos y demás calaña se sienten tan nerviosos.
Cambios derrumbados
La alianza PP-Líder funcionó de nuevo.
EL AMPARO PROVISIONAL de la Corte de Constitucionalidad al partido liderista dejó ayer en suspenso, y de hecho sin efecto los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, realizados en el Congreso a la sugerencia de diversos sectores. Esto significa un atraso imposible de definir para hacer realidad un esfuerzo hecho por la sociedad para defenderse de las tropelías de los políticos y los partidos. Fue simple la estrategia del sólido contubernio entre las hordas conocidas con el apodo de Partido Patriota y Partido Líder, y consistió en aprobar reformas no solo manoseadas sino con 85 diputados, sabiendo la norma constitucional de necesitar 105 votos.
LA CC DEBE DICTAMINAR pronto el veredicto final, pero aun cuando lo haga así, el Congreso debe reiniciar las reuniones para empezar de nuevo en una fecha imposible de predecir. Los lideristas, quién puede dudarlo, se alejarán de las curules, impedirán la integración del quórum y de esa manera bloquearán las reformas, que descartan cualquier posibilidad para este proceso eleccionario. Los cambios decididos por este parlamento, sin duda para mal, entrarán en vigor dentro de cuatro años, cuando el ordenamiento jurídico del país posiblemente haya sufrido modificaciones como consecuencia del resultado de los comicios programados para dentro de 23 días.
ESTE CASO ES OTRO CLARO ejemplo de la peor de las acciones causantes de la decepción popular ante el sistema político democrático: la burla de las leyes, sobre todo cuando, como en este caso, la participación sectorial ha sido notoria, abierta y demostrativa del hartazgo popular. Quienes se aferraron a no lograr los cambios para realizarlos antes de estas elecciones podrán ver a partir del 14 de enero cómo lanzaron el barco contra los acantilados. Será imposible lograr reformas haciendo lo mismo, y —peor aún— con la misma gente. Mientras tanto, parecen no haber terminado las sorpresas, y por ello el proceso electoral aún no entra en la normalidad.