Las autoridades municipales y departamentales dicen no saber nada.  Los empresarios llegan con toda su prepotencia diciendo que todo está en orden.  Con razón los pueblos y movimientos sociales han denominado a esto  el último despojo.  

Se presentan a las comunidades acompañados de autoridades del lugar, haciendo creer que ya tienen la licencia para construir o para deshacer.  Van los líderes comunitarios a las oficinas de medioambiente de las municipalidades y les dicen que no existe tal estudio, pero el Gobierno y las empresas convocan a vista pública para presentar el dizque estudio de impacto ambiental, que en todos los casos, son malos y copias aumentadas o resumidas de estudios utilizados hace varios años.  

Mientras tanto el Gobierno  afirma que ya no tiene plata para los programas sociales y que por lo tanto hay que buscar la forma de endeudarse, mejorar la recaudación fiscal o imponer más impuestos.  Que como es de costumbre, cae sobre los hombros de quienes producen la tierra y mantienen parte del mercado internacional o local para que no nos muramos de hambre.

Ahora acusan a todos de violar el derecho a la libre locomoción.  Pero una empresa, o un finquero o un trabajador de ellos,  nunca se les ha acusado de coacción, represión y por violar la libre decisión de las comunidades a defender su tierra y territorio o violar a una niña indígena, porque se apela al derecho a la propiedad privada o porque los indios no tienen derechos.

Todos piensan que todo va bien, solo porque el presidente llega a inaugurar una hidroeléctrica o un centro de producción y explotación.   Pero nadie se percata de la fragante violación a los derechos de las personas —hombres y mujeres— que lo único que quieren es vivir bien.

Todo esto se oculta cuando se habla de los proyectos hidroeléctricos: Renace I, II, III y, ahora, cuatro.  Un proyecto que tiene su origen en el Plan Maestro de Electrificación de 1970, denominado “Chulac”.  Ahora convertido en Renace por la multimillonaria firma multi-inversiones y por el presidente de Real Madrid, y que está dejando huellas de división, violencia y amenazas en las comunidades y que incluso puede llevar a destruir centros turísticos importantes, como el futuro colapso del lugar paradisiaco Champey y convertir el río Cahabón en un río de heces fecales.

Por eso es que insistimos en que las comunidades no se oponen a estos proyectos porque sean un atajo de ignorantes, sino porque la vida de todos y todas está en juego.  Además, porque lo que quieren es comer y vivir bien.  Y lo que se comprueba es que hasta el momento este sistema en vez de comida está llevando destrucción.  Este también es un llamado a todos para detener la destrucción.