provocada mayoritariamente por la irracional actividad humana más que por agentes naturales, desencadenando un kamikaze en tiempo real —destruyendo hábitats, deformando suelos, y mermando la cantidad y calidad del agua—, con perniciosas implicaciones ecosistémicas para las presentes y futuras generaciones.

Según los datos del Mapa de Cobertura Forestal de Guatemala 2010 y Dinámica de la Cobertura Forestal 2006-2010, nuestra nación tenía una cobertura de bosque para 2010, equivalente a 3.722,595 hectáreas (ha), lo que representaba el 34.2% del país (Inab, Conap, UVG y URL, 2012:35). Cabe resaltar que el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas —que representa el 32% del territorio nacional— concentra el 52% (1,935,734 ha) de la cobertura forestal del país.

Durante 2006-2010, se estimó una pérdida bruta en la cobertura forestal de 500,219 ha; y aunque existió una considerable ganancia de bosque de 354,107 ha —lo cual no significa que la deforestación bruta siga creciendo descomunalmente—, esto dio como resultado una pérdida neta de 146,112 ha de bosque. En concreto, para 2010 se perdió un 3.78% con respecto al bosque que existía en el año 2006.

Por otro lado, los departamentos que más cobertura forestal perdieron durante este período fueron Petén (124,611 ha), Izabal (21,372 ha), Chiquimula (10,063 ha), Baja Verapaz (7,107 ha) y Guatemala (5,139 ha).

Ante este escenario ambiental lúgubre, es imprescindible reflexionar sobre los siguientes tópicos, a saber: ¿Cómo hacer efectivo el cumplimiento de la Ley Forestal en un país donde impera la impunidad y corrupción? ¿Cuáles son los resultados estratégicos que ha producido el Pinfor desde su creación? y ¿cómo proteger el bosque natural ante los monocultivos y extractivismo de las multinacionales?

Finalmente, desde una perspectiva estructuralista, las principales causas de la deforestación son el anárquico avance de la frontera agrícola y ganadería, imparable crecimiento poblacional, urbanizaciones sin normas de ordenamiento territorial, pobreza general y extrema, invasiones mercenarias en áreas protegidas —comunidades indígenas sin acceso al uso y tenencia de la tierra, y por grupos del crimen organizado transnacional—, deficiente manejo integrado de plagas, poca o casi nula gestión del riesgo de desastres, disfuncionalidad de políticas públicas e incendios forestales; las cuales aniquilan los conatos de desarrollo sostenible, cercenan los territorios, incrementan la ingobernabilidad socioambiental y debilitan la precaria institucionalidad rectora del fenómeno forestal.