A juzgar por lo que se pudo escuchar en la campaña electoral recién concluida en su primera etapa, fue prácticamente nula la alusión por parte de los candidatos a temas de fondo en los cuales radican los grandes rezagos nacionales.

La corrupción, que estremeció a todo el país, fue apenas abordada como un problema circunscrito de un partido político, el Patriota, pero poco o nada se profundizó en retrospectiva y menos aún en prospectiva para evitar que, al estilo de la clásica bestia mitológica Hidra, se prolongue el mal y le crezcan dos cabezas por cada una que pierda.

De hecho, existen leyes puntuales que necesitan reformarse, precisamente para cerrarle el paso al inclemente asedio de las mafias corporativas sobre los recursos del Estado, cuyo manejo se convierte en un vergonzoso ejercicio de poder y servilismo, en una dicotomía perversa que acaba en otra aún más indignante: gente con bolsillos llenos de dinero de los contribuyentes, mientras quedan a medias proyectos y programas de beneficio social.

Las compras y contrataciones en el sector público no pueden seguir bajo las mismas condiciones legales, puesto que corruptores y corruptos se alían para hacer compras millonarias, principalmente en las áreas de salud, educación y seguridad. Esa es una ley que puede y debe modificarse, algo sobre lo cual los candidatos están obligados a pronunciarse, para hacer sus propuestas concretas en bien de la patria, sin importar quién gane.

También es imperativo que quienes optan a la Presidencia de la República se pronuncien de manera enfática acerca de cómo van a emprender la transformación en la contratación y administración del talento humano. Hasta ahora, gracias a la incapacidad de gobiernos anteriores, la pereza mental de los diputados y la falta de escrúpulos de los políticos, el servicio civil sigue siendo regido por una norma obsoleta, que solo sirve para dar lugar al clientelismo político, a la contratación de plazas fantasmas y a la poca o ninguna revisión de rendimiento sobre el aporte de tales burócratas.

Solo en materia de pactos colectivos, los guatemaltecos tienen que pagar un alto precio por ese amancebamiento entre políticos y nefastos caciques sindicales, que no son líderes, pues únicamente velan por su beneficio. Para mantener su cómoda poltrona, estos mercaderes de los derechos laborales chantajean a los integrantes de los colectivos y utilizan su fuerza masiva como una baza política para intimidar y tener poder de negociación, aunque al final el beneficio para los trabajadores sea escuálido, pues incluso ellos terminan siendo desplazados por los allegados de turno.

En tercer lugar, pero no menos importante, está la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que ahora los diputados buscan pasar tal como está, cuando en realidad debería ser sometida a una seria transformación con aportes de múltiples sectores, a la luz de lo que nos dejó la reciente crisis. Por supuesto, los legisladores ya muestran justificaciones para acelerar la aprobación a sabiendas de que no tiene los dientes suficientes para convertirse en el pilar fundamental de la transformación del Estado.