La relevancia que ha adquirido la Corte de Constitucionalidad en decisiones trascendentales para el país hace que tengan mucha más importancia las palabras que el pasado lunes envió desde su cuenta de Twitter el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, de que se vea el primer trimestre de este año que apenas empieza como un gran reto para seleccionar a quienes deberán tomar las riendas de esa institución a partir del próximo mes de mayo.

Ese es un reto en el que deben estar comprometidos todos los sectores, ya que de la integración adecuada de tan importante organismo dependerá en buena medida la marcha de muchas otras entidades y procesos cuya última decisión queda en manos de magistrados que hasta ahora han demostrado ser muy susceptibles a las presiones de diversos grupos. Hace apenas dos meses emitieron una resolución que hoy divide a sectores vinculados al comercio y producción de medicamentos porque el fallo apunta a beneficiar solo a uno de los involucrados.

Efectivamente, la resolución definitiva emitida el pasado mes de noviembre, que prácticamente hace prohibitivo el acceso a medicinas genéricas, desató airadas protestas desde diversos sectores, incluido el oficial, porque apunta a convertir virtualmente en monopolio a la droguería interponente de esa queja. Aunque la CC se ha resistido a aceptar el yerro, futuras acciones, principalmente por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, seguramente terminarán obligándolos a rectificar, por las notorias irregularidades.

Pero en el fondo, lo que más vale la pena rescatar es que resoluciones como la anterior están cargadas de suspicacias, más aún cuando se sabe que el ponente ha sido uno de los magistrados más cuestionados de la actual CC y por ello es que el mismo podría estar fundamentado en un oscuro interés. Pero no es el único, ni el fallo ni el magistrado, que han dejado mucho que desear en la forma de resolver muchos otros procesos. Por eso es que resulta de gran trascendencia la renovación completa de la actual magistratura.

El país necesita dar un paso adelante en consolidar la certeza jurídica, y quienes hoy integran ese alto organismo han defraudado por su inmadurez, aprovechamiento o indiferencia hacia quienes no son de su agrado, anteponiendo intereses personales mezquinos en fallos sobre los que no debería existir la menor duda de lo actuado. Pero no ha sido así, y ahora se abre la posibilidad para enmendar procesos y que se elija a magistrados idóneos para ocupar esos cargos, que son cruciales también para el fortalecimiento de la democracia.

Las últimas acciones emprendidas por el Ministerio Público y la Cicig permiten vislumbrar la posibilidad de recuperar la confianza en el sistema de justicia, y esto empieza con la selección de juristas probos, que sean capaces de representar con dignidad a los gremios que los postulen. Existe suficiente evidencia para demandar y promover cambios profundos en la integración de la CC, y para ello es necesario que se establezca una estrecha vigilancia sobre los postuladores, para que los candidatos cumplan los máximos requerimientos de idoneidad.