Resulta imposible evitar una mezcla de indignación, incredulidad y decepción al conocer la insensata medida, que de manera inconsulta habría tomado la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, magistrada Gloria Porras, quien aprobó dar un “bono revolucionario” a los 288 empleados de la institución, incluyendo a los magistrados, equivalente a Q3.2 millones, quienes en diciembre recibirán su sueldo y el aguinaldo, a lo que se agrega el nuevo bono, para un total de Q200 mil.

Es imperdonable que quien tomó esa decisión o quienes la avalaron no se hayan percatado de las reacciones negativas que proliferarán en todos los sectores sociales. Porque está alejada de la realidad y además va en contra de la petición de austeridad hecha a las entidades estatales por el presidente Alejandro Maldonado. Los hospitales están cerrados a causa de la mala situación económica del Estado de Guatemala y la población empieza a preocuparse porque cada vez hay menos dinero como consecuencia de la inaudita corrupción generalizada que existe desde hace muchos años, pero en especial durante el gobierno anterior, descubierta en buena parte gracias a la acción de la Cicig y del Ministerio Público.

Aunque la decisión hubiera sido tomada exclusivamente por la presidenta Porras, es ineludible que el resto de magistrados tiene la obligación de rechazar esa prebenda, emitida en octubre pasado —razón por la que fue bautizada así—. Necesitan también estar claros en que el desprestigio de la cúpula de la institución será compartido por todos.

Resulta necesario indicar que las explicaciones de la magistrada Porras para justificar la medida carecen de solidez suficiente. Es cierto que la cantidad de trabajo ha sido muy alta y que el personal hizo grandes esfuerzos para poner al día los numerosos expedientes, pero por otra parte hay un bono en noviembre que se le otorga al personal desde hace 10 años. Esa remuneración también incluye a los magistrados, y por ello se deduce que en los últimos tres meses del año todos los integrantes de la CC devengarán seis sueldos, ya que en diciembre reciben el aguinaldo.

La otra acción totalmente incongruente con la realidad guatemalteca realizada por la CC consiste en pedir que la información sobre el depósito de esas cantidades debía ser solicitada por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública. Eso demuestra que en esa institución estatal también reina un criterio legalista, sin entender que en ocasiones como esta la cobertura noticiosa necesita incluir datos de esta naturaleza, y que poner ese requisito legal solo puede ser considerado como una manera de ocultar información.

Guatemala atraviesa por una etapa en que la ciudadanía exige transparencia y el cese de abusos en el manejo de las instituciones estatales, pero sobre todo lógica e interpretación correcta de la dirección del viento. La CC será sometida a una severa crítica nacional, tan profunda como innecesaria, sobre todo porque la apariencia indica que no se encuentra ubicada en Guatemala, sino en un país imaginario donde no existe ninguno de los graves problemas de todo tipo que provocaron las manifestaciones populares de este año.