El pasado jueves, durante la celebración del décimo segundo Encuentro Nacional de Empresarios, Felipe Bosch lanzó un nuevo reto a la ciudadanía: depurar el Congreso. Cuando dijo su propuesta, que estuvo rodeada de un contexto de datos que evidencian la deplorable actitud de la actual legislatura, los centenares de asistentes a ese foro aclamaron unánimemente la iniciativa, en una muestra de apoyo a una idea que desde que iniciaron las protestas en contra de la corrupción ha estado presente, porque además el sistema político ha entrado en una clara decadencia.

Decía Bosch que el Congreso se mueve de forma dudosa. Ciertamente, muchas normativas aprobadas atentan contra principios de una democracia representativa y eso debe cambiar. Los diputados no solo parecen haber confundido su misión, sino que dan muestras claras de estar extraviados en callejones de ilegalidades y propuestas intolerables e inviables, como la reticencia a hacer una gestión más transparente, al punto que se ha violentado la ley con tal de ocultar manejos administrativos.

Pero no es solo dudosa, es francamente repudiable el oscuro proceder de los diputados que no parecen comprender la necesidad de que en el país se den cambios. Solo así se puede entender que hayan sido capaces de pretender dar por aprobadas las reformas a la Ley electoral y de partidos políticos, que están plagadas de aberraciones, como la de simular que se castiga el transfuguismo durante tres años, lo que no serviría para nada, pues justo cuando llega la época de elecciones pueden volver a cambiar de camisola, con lo que esa modificación es vergonzosa.

Pero con esas acciones los legisladores también ponen a prueba al sistema, pues a sabiendas de semejante irregularidad, entre muchas otras, envían su propuesta a la Corte de Constitucionalidad, que es donde deberá emitirse en veredicto final, donde semejantes despropósitos deberían ser frenados. Esto, si prevalece el equilibrio de quienes deben tomar la decisión final, que en los últimos fallos también han sido polémicos, debido a decisiones que se alejan de lo estrictamente jurídico adquieren ribetes políticos por parte por lo menos de dos de sus integrantes.

Aunque el manoseo a las reformas a la LEPP constituyen el más reciente bochorno, debe mencionarse que se ha generalizado una actitud de abuso e irrespeto por parte de los diputados, como la inexplicable resistencia a transparentar los gastos que, por supuesto, permitirían conocer muchos otros excesos en las que incurren. O de las contrataciones dudosas, innecesarias y hasta criminales, como la de fijar espacios presupuestarios para llenarlas con plazas fantasma.

Como bien se dijo en el foro de Enade, una primera acción que debieran tomar las autoridades del Tribunal Supremo Electoral es impedir a toda costa que asuman en la siguiente legislatura aquellos diputados que han sido señalados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público. Ese puede ser un buen principio para iniciar una depuración que se hace impostergable. Los diputados deben comprender que su misión es fiscalizar y transparentar la gestión pública, pero nunca la de convertir el parlamento en un oscuro mercado.