El caso de La Línea evidenció una compleja y refinada red de defraudación aduanera, involucrando a altos funcionarios de Gobierno, autoridades de la SAT, empleados de aduanas, así como empresas víctimas y victimarias que no han sido identificadas. El humor social está cargado de escepticismo: la ciudadanía está indignada y asqueada ante esta burda red de corrupción y mantiene la esperanza de que se hará justicia. El caso ha recibido mucha atención mediática y el enfoque está sobre los malhechores. Pero poco se ha dicho sobre el sistema mismo que sustenta y promueve este tipo de corrupción: el complejo régimen de impuestos, reglas y procedimientos aduaneros.

Suponga que usted importa un producto que puede caer bajo las categorías A, B, C o D y que dependiendo de la categoría, paga una mayor o menor cantidad de impuestos de importación. Además, lo que usted importa puede provenir de los países E, F, G o H y dependiendo del país de origen, paga más o paga menos. Lo que usted importa puede contener los materiales o componentes I, J, K o L, y dependiendo de ellos, paga más o menos impuesto. ¿Cumple con las normas M, N, P y Q? ¿Está originado, procesado, envasado, empacado, sellado, certificado, calificado, cocinado, diluido, concentrado, reembobinado, reconfigurado, reciclado o transformado de una manera u otra o una combinación de los anteriores? ¿Es materia prima, producto intermedio o terminado? ¿Es para la agricultura, el comercio, la industria, las telecomunicaciones o, Dios no lo quiera, para la minería? ¿Cae bajo algún régimen impositivo o arancelario especial, está exonerado? ¿El importador o destinatario está exento de impuestos? ¿Por qué viene de color verde si el manual dice que debe ser azul? ¿El agente es cuate, paisano, conocido, cómplice o un vil desconocido? Agregue a todo este chirmol, el hecho de que en distintos puntos del proceso, algún funcionario o empleado público, tiene la potestad de decidir en qué categorías cae el producto que usted importa, si pasa o no pasa, y tiene las condiciones para una perfecta tormenta de corrupción.

El sistema no debe ofrecer oportunidades discrecionales a los encargados de cobrar los impuestos, la cantidad a pagar no puede estar sujeta a lo que un funcionario o empleado público decida en un momento dado. Tiene mejor resultado que la cantidad de impuesto a pagar sea una, clara, sin ambigüedad, sujeta únicamente a la ley y que no dependa de las decisiones de los encargados de cobrarlo o de quienes abren y cierran las puertas. Esta es la única manera de atacar la raíz del problema de la evasión, defraudación y corrupción en las aduanas.

La integridad y honestidad de los empleados y autoridades de las aduanas son muy importantes, pero tiene igual o más importancia que el sistema no ofrezca oportunidades de discreción y corrupción. Un sistema complicado, variable, sujeto a interpretación y clasificación, donde algún o algunos individuos tienen facultades discrecionales que hagan variar el impuesto a pagar, asegura la existencia de corrupción. La corrupción en los procesos de Gobierno y el enriquecimiento ilícito debilitan la condición moral de la población, obstaculizan el funcionamiento y progreso de la economía y reducen los ingresos del fisco.

Por cuestión de principio, me opongo a los impuestos de importación. Si han de existir, con la única finalidad de recaudar ingresos fiscales y no para favorecer o castigar a unos u otros, lo mejor es un solo arancel, muy bajo, aplicado sin discriminación o privilegio.

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