Ayer comenzó a hacerse realidad la amenaza proferida hace pocos días por la dirigencia de Líder, consistente en que harán una protesta de cien mil personas acarreadas de la capital y de la provincia. Se comprueba con la interrupción del paso vehicular de tres de las principales arterias capitalinas, las calzadas Aguilar Batres y Milla y Vidaurre, y el Anillo Periférico. Los intentos por localizar a quienes integran el círculo íntimo del aspirante liderista fueron infructuosos porque todos se encontraban escondidos en la que llaman “sala de crisis”.

El plan parece haber cambiado en el sentido de que sembrarán la zozobra en la capital durante tres días seguidos, el último de los cuales es el viernes próximo. El derecho a manifestar —como es el caso de las que tienen doce semanas de realizarse en el parque central para expresar el descontento popular contra la corrupción desbocada existente en el país— no solo es una libertad, sino una muestra de civismo, al no haber dejado ni siquiera presencia de basura en el lugar de las reuniones.

Sin embargo, cuando una manifestación es organizada por algún grupo interesado, se convierte en una acción repudiable, precisamente porque no son expresiones espontáneas y naturales de la población. Por esa causa son legal y moralmente responsables de los efectos de la presencia de turbas quienes las han organizado, financiado y dirigido. Es una irresponsabilidad que no puede ser tolerada y que si tiene efectos trágicos o de destrucción, se convierte en un factor contraproducente, que puede llevar a la pérdida de los votantes, como en su momento ocurrió con el tristemente recordado Jueves Negro.

Es imposible poner en bandeja de oro las condiciones para que se desate la violencia sin que, además, haya efectos legales. Las autoridades tienen que actuar, para resguardar el derecho de los ciudadanos que no están interesados en causar daños, ya sea porque no comulgan con las ideas o con la forma de actuar política y personalmente por quienes ahora son candidatos.

Pero también se perderá en buen número a los simpatizantes de la agrupación política liderista, que cada vez se manifiesta como un grupo dispuesto a todo. Se incluye cometer acciones perversas porque se burlan de las leyes por medio de supuestas entidades gremiales, sociales o de cualquier otro tipo, creadas con el objetivo de aprovecharse de recovecos legales que sin duda eliminarán en caso de que ganen la elección del próximo 6 de septiembre, a solo 45 días de la fecha de hoy.

Un acto de protesta que impide las actividades ciudadanas normales es, en sí mismo, violento, aunque nadie salga herido o muera. La violencia deslegitima toda acción de defensa de supuestos o reales derechos ciudadanos. En una organización como este peculiar partido, la responsabilidad directa recae sobre el dueño y razón de ser. Por eso, resulta francamente alto el riesgo de que Manuel Baldizón resulte siendo, a la postre, el verdadero perdedor. La corrupción es resultado directo de la desobediencia de la ley, y por eso quien llama a esto, de hecho está aceptando ser corrupto. En las actuales circunstancias del país es un verdadero suicidio político.