La legislatura que está por concluir ha sido una de las más nefastas en términos de imagen, cumplimiento de deberes y por los señalamientos en contra de algunos de sus principales dirigentes, empezando porque este año una de las figuras que presidió ese alto organismo del Estado fue puesta en prisión y otro de sus expresidentes ha sido tachado de no idóneo, razón por la cual el Tribunal Supremo Electoral lo vetó para asumir en un nuevo período.

Ciertamente Pedro Muadi, quien fue presidente del Congreso durante el 2013, ha sido sindicado de haberse apropiado de miles de quetzales provenientes de recursos públicos, con la supuesta creación de plazas inexistentes. Por su parte, Godofredo Rivera, quien estuvo al frente de ese órgano durante el 2012, ha sido señalado de tráfico de influencias, luego de haber buscado fallos judiciales favorables para integrantes del Partido Patriota, cuyas principales figuras ni siquiera concluyeron su mandato como gobernantes.

Otro de los que presidieron la presente legislatura, durante el 2014, fue Arístides Crespo, uno de los mayores tránsfugas de la política nacional y cuyos bienes, al igual que los de muchos otros congresistas, difícilmente podrían justificarse con el sueldo que percibe como diputado. El actual presidente también ha obviado la práctica de hacer una gestión transparente, al negarse constantemente a proporcionar información acerca del manejo de recursos y contratación de personal, la cual por dignidad debería ser pública.

En cuanto a la pésima imagen del Congreso, es el organismo percibido por la población como el más ineficiente, lo cual se debe a los constantes señalamientos hacia varios legisladores. Esa percepción está fundamentada en denuncias judiciales y en vetos del TSE, que ha determinado que algunos de ellos no son idóneos para ocupar una curul. Pero también le han fallado a la población, porque ni siquiera han promovido el equilibrio entre los poderes de un sistema que ha sido manipulado para favorecer a determinados sectores.

Mucho de eso empieza porque quienes aspiran a ser diputados y lo consiguen llegan al Legislativo con la intención de utilizar su alta investidura para promover contrataciones, compras y adjudicaciones que solo los benefician a ellos o a gente cercana. Esa ha sido la causa por la que algunos congresistas están fuera de la contienda, y aunque se resisten a reconocer su inmoralidad, el sistema debe dar muestras de rigor y no permitir que ocupen los cargos. Hacerlo estaría violentando la Ley, que tiene vedado ese derecho a quienes son contratistas del Estado.

Lamentablemente, estos son apenas algunos de los casos más evidentes, pues en el recinto legislativo todavía quedan muchos diputados que se niegan a comprender que el país no puede continuar bajo el mismo modelo. Es inviable que por lo menos una cuarta parte de los recursos públicos sean objeto de rapiña y que se estén enriqueciendo de manera vergonzosa quienes buscaron el voto de miles de guatemaltecos a los que prometieron velar por sus intereses. Pretender continuar por la misma vía solo acrecentará el descontento de la ciudadanía.