El Artículo 6, Inciso “C” del Acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala ha sido aludido en varios debates para justificar los alcances del mandato del Comisionado y por ende su inherencia en la promoción de las reformas constitucionales.

Leamos: “Artículo 6, Cooperación con la Cicig: Inciso C: “Libertad de reunirse y entrevistar a cualquier persona o grupo de personas, con inclusión de funcionarios del estado, personal militar y de policía, dirigentes comunitarios, organizaciones no gubernamentales, instituciones privadas y cualquier persona cuyo testimonio se considere necesario para el desempeño de su mandato”. ( el énfasis es mío)

En el numeral 3 del mismo artículo 6 dice: “El Organismo Ejecutivo presentará? al Congreso de la República de Guatemala y promoverá?, un conjunto de reformas legislativas, necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema guatemalteco de investigación y procesamiento judicial. Estas propuestas de reformas legales serán elaboradas en consulta con representantes de instituciones del Estado de Guatemala y Naciones Unidas, con el fin de poner el sistema legal de Guatemala y de Naciones Unidas, con el fin de poner el sistema legal de Guatemala en conformidad con las convenciones internacionales sobre derechos humanos”.

Queda claro que la libertad para entrevistar o reunirse con cualquier persona o funcionarios del Estado es única y exclusivamente en virtud de “si su testimonio se considera necesario para el desempeño de su mandato; luego, el presentarse ante el Congreso de la República, citar a jefes de bancadas para discutir el proyecto de reformas constitucionales, brindar conferencias de prensa y cabildear activamente dichas reformas, es impertinente y ajeno a su mandato.

A la luz de cualquier análisis, congraciarse con el grupo ideológico promotor de las reformas, salir en la misma foto y cantar el mismo coro, envía un mensaje inequívoco que polariza su investidura.

El debate debe centrarse en resolver las dudas que existen antes de ser aprobadas. Recojo a continuación reiterados comentarios y análisis emitidos por diferentes sectores y analistas.

1. “¿Cuáles son las materias que la jurisdicción indígena deberá conocer? ¿Serán los ámbitos penal, mercantil, laboral, familiar o tributaria competencias de esta jurisdicción? ¿Será esta una jurisdicción únicamente para los miembros de la comunidad o se tiene claro a quién y en dónde se aplicará? ¿El sometimiento a la misma será voluntario? Dudas razonables por reformas ambiguas y poco claras no conducen a la certeza jurídica necesaria para fomentar la convivencia y reducir la pobreza. No hay que distraer la atención de la reforma a la justicia ordinaria, la que en teoría no funciona y permite corrupción e impunidad”.

2. En la Constitución de la República, al tenor del Artículo 66, leemos: “Protección a grupos Étnicos”: Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos”.

Si el derecho consuetudinario ya funciona en las comunidades, ¿es necesario trastocarlo? ¿Cómo quedaría?

Los diversos sectores e individuos críticos de las reformas constitucionales como están siendo planteadas no estamos defendiendo el statu quo o intereses espurios. Solicitar tiempo para analizar las externalidades inherentes a una propuesta que, de suyo, plantea dos sistemas paralelos de justicia debe verse como algo positivo.

La próxima semana nos visitará el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, general John Kelly. Ojalá pueda vislumbrar los efectos que el liderazgo contestatario radical afín al “establishment demócrata” están causando al país: 1) Petición de cierre de hidroeléctricas; 2) Invasión de fincas en el área de Polochic y destrucción de plantaciones; 3) Convocatorias masivas para no pagar la energía eléctrica impidiendo el derecho de locomoción.

La mazorca se desgrana…