Los medios de comunicación destacan en sus ediciones del lunes, el anunciado propósito  del presidente de la República de encabezar un esfuerzo serio por combatir todo acto de corrupción, incluido el  domingo pasado en el informe  presidencial presentado al Congreso de la República, sobre lo hecho por el Gobierno guatemalteco durante el año.

Ese propósito entraña la tarea de recuperación moral de la función pública, venida a menos en años precedentes, como lo prueba el aumento de la población carcelaria con un centenar de exfuncionarios presos y sujetos a procesos penales. De manera que la limpieza, si lo dicho por el presidente es una promesa sincera, debe comenzar hoy mismo en la casa del poder político y la primera acción indispensable será poner fin a las acciones contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos. Terminar también con los actos hostiles contra la embajada de los Estados Unidos y diplomáticos de otros países, como Anders Kompass, por dar a luz pública sus convicciones acerca de la corrupción en Guatemala.

Se trata de una situación trágica, de la cual se han hecho eco representantes y senadores estadounidenses, como sucedió en septiembre del año pasado, cuando tres de ellos después de una visita in situ, pidieron a las autoridades de su país investigar la corrupción en Guatemala y advirtieron que la asistencia económica estadounidense puede ser reducida si el Gobierno guatemalteco no colabora en la lucha contra la impunidad; repudiaron, específicamente, el fallido intento de expulsar a Iván Velásquez, el más alto ejecutivo de la Cicig, y algo parecido ocurrió con la visita de los miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos: Norma Torres, Tom Rice, Steve Knight, Susan Davis, David Price, Dina Tinus, Bill Flores y Lucille Roybal-Allard, quienes pudieron haber visto aquí muchas gusaneras políticas. Y es que la lucha contra la corrupción es un deber consistente no solo en observar ese fenómeno, sino en denunciarlo y sancionarlo.

Kompass es altamente apreciado internacionalmente por su papel como representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, Colombia y México, y viene de un país que brinda al nuestro una colaboración humanitaria amplia, tomando en cuenta “la necesidad de grandes cambios estructurales en Guatemala, de una mayor confianza entre la ciudadanía y el Estado; y la de aumentar la capacidad del Estado para desarrollar con éxito una política de transición activa de conformidad con los compromisos de los Acuerdos de Paz”. Y en una etapa posterior, la colaboración se ha centrado en el fortalecer el Estado de Derecho y la Democracia; la participación de la mujer en los asuntos públicos, en los derechos de los pueblos indígenas, y en la promoción de los cambios económicos y estructurales que el país demanda.

La corrupción es una plaga insidiosa —dice el texto de la Convención Internacional contra la Corrupción— que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

Entonces hay que pasar de las palabras a los hechos. Tienen dos años para ello. Si no lo hacen, la Historia los condenará.