EN LOS ÚLTIMOS DÍAS hubo rumores acerca del supuesto retiro de Iván Velásquez como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, por razones en las cuales se agregaba una súbita enfermedad terminal. Se mantuvieron consistentes y, como toda mentira repetida miles de veces, ya estaban comenzando a ser aceptados como una verdad, y por ello el propio funcionario internacional decidió entrarle al toro por los cuernos y negar esa especie. A mi juicio, es necesario hacer algunas consideraciones para explicar las causas de esa campaña de desinformación o de simples mentiras. Pero también se deben considerar algunas otras acciones distintas realizadas con el mismo fin de causar duda y descrédito.

HACE POCAS semanas se supo de la integración de un gabinete compuesto por abogados prácticamente desertores de la CICIG, asociados o relacionados directa o indirectamente con personajes de poco o nada transparente reputación. Esa acción tuvo, claro está, la intención de establecer dos cosas. La primera, despertar la confianza de personas con posibilidades de ser blanco de las investigaciones realizadas por esa entidad internacional y por el Ministerio Público, para meterse bajo el alero de gente con la posibilidad de haber tenido acceso a información privilegiada de otros casos tan vergonzosos como los ya descubiertos, analizados y denunciados, referentes a corrupción, tráfico de influencias y otros chanchullos similares.

EL SEGUNDO MOTIVO posible es minar la confianza de la CICIG y el MP en lo referente a la confidencialidad de sus acciones. Casi siempre es útil debilitar la confianza, básica en la obtención de datos y declaraciones emitidas por personas con información útil para mantener la lucha contra la corrupción, tarea con la cual el imaginario ciudadano relaciona al objetivo del trabajo causante de la quieta pero evidente revolución generada por los miles de ciudadanos anónimos asistentes a las manifestaciones realizadas entre abril y septiembre. Esto incluye también sembrar la desconfianza entre los colaboradores internos a causa de esa salida inesperada, por unos dólares más, así como la posibilidad de lograr nuevos casos similares.

EL ACTUAR DE LA CICIG Y del MP tiene un altísimo ingrediente político. Obviamente, por relacionarse con acciones de corrupción, es decir ligadas a aspectos no solo políticos, sino partidistas y politiqueros. Este manejo ilegal, pero sobre todo inmoral, de los fondos públicos constituye un hecho político con manifestaciones económicas y consecuencias políticas, sociales, económicas, etcétera. Debido a ello, quienes se han beneficiado desde hace años a causa de la corruptela tienen muchos motivos para temer el más claro resultado del accionar de dichas instituciones: afectar la certeza de la impunidad. Aún hay mucho por hacer, pero, como dice el viejo proverbio chino, constituyen los primeros pasos de un camino de mil millas.

LA ÚNICA GENTE OPUESta a la actividad de las entidades encabezadas por Thelma Aldana y por Iván Velásquez, es aquella afectada de manera directa o indirecta, pero el resto de la población apoya y ve con buenos ojos esa súbita apertura a la exigencia de castigar a los corruptos. Esa fue una de las razones de la victoria electoral de Jimmy Morales, quien por ello debe darse cuenta de la urgente necesidad de no ofrecer algo y luego actuar de manera distinta. Otto Pérez Molina se equivocó al oponerse abiertamente a la CICIG, y ello contribuyó a su desprestigio al descubrirse la corrupción de la cúpula de su gobierno. Si el nuevo mandatario se rodea de gente con la misma posición, no deberá extrañarle un pronto y profundo descenso en su imagen.