La mayoría de conceptos y de las doctrinas éticas tienen como característica su aplicación sin excepciones, generalizada, porque es lo debido y porque de esa manera es posible llegar a conclusiones también basadas en los criterios de lo correcto y de lo incorrecto. Las excepciones obviamente existen, pero es necesario explicarlas con el fin de mantener la validez de las ideas ya dichas, algunas derivadas de los avances de la sociedad y, por tanto, de la forma como se  desarrolla la vida humana, basada en puntos de vista válidos. Sin embargo, tales conceptos se debilitan cuando algún segmento social, por cualquier causa pero casi siempre de manera malintencionada, se apodera de ellos y los convierte en una bandera para enarbolar con descaro.

Esto no solo ocurre en la política. Por ejemplo, el concepto “cristiano”, como sinónimo de “alguien no católico”, no tiene base: los católicos no solo son cristianos, sino constituyen el grupo más grande. Guatemala ha sido desde la conquista española un país cristiano al ser católico, y lo siguió siendo cuando comenzó la libertad de cultos promulgada por la Revolución Liberal de Justo Rufino Barrios. Recuerdo esto por haber leído una noticia sobre la declaración de “diputados guatemaltecos que profesan la fe cristiana” en apoyo a la decisión del presidente Jimmy Morales de ordenar el traslado de la embajada guatemalteca a la ciudad de Jerusalem, tema de otro artículo. Lo menciono como ejemplo de alteración de un concepto del idioma.

Hay un par de ejemplos adicionales, entre muchos. Hace unas décadas, el presidente estadounidense Jimmy Carter lanzó la doctrina de los derechos humanos, como necesario punto de apoyo para el respeto de las disidencias de cualquier tipo. Sin embargo, muy pronto los únicos entendedores de la validez política de la frase, se apresuraron a recurrir a ella para apoyar a los simpatizantes y activistas y del espectro de la izquierda. Se llegó al punto de llegar a confundir el concepto de los DDHH como algo a lo cual solo tenían acceso los izquierdistas, por lo cual el humor negro chapín se encargó de poner en sus labios la frase: “a mí me agradan los derechos humanos; persigo a los izquierdos humanos”.

Décadas después, aún permanece esa idea en la mente de muchos, en vista de acciones de las entidades y personas encargadas de protegerlos. Y a falta de aceptación de los derechos humanos de los derechistas cuando son violados por los “izquierdos humanos”. De nuevo: la aplicación de un concepto general a un solo grupo social. En los últimos meses, ha ingresado otro nuevo concepto al léxico legal y político del país: el del “debido proceso” y “la presunción de inocencia”, fundamentales para permitir el funcionamiento del sistema jurídico y político en una sociedad verdaderamente democrática. De nuevo nadie puede estar en desacuerdo, pero para infortunio del concepto, se ha vuelto sinónimo de aprobar y solicitar cualquier marufia para impedir o atrasar el avance de la justicia.

El problema principal radica en la percepción entre la sociedad, apuntalada porque muchas veces los derechos y posibles procedimientos legales a disposición de los acusados, son llevados al paroxismo y a exageración de su uso, sin haber castigos para quienes actúan de esa manera. Esto sobre todo se está presentando en todo lo relacionado con los juicios integrantes de la lucha contra la corrupción. La idea es desesperar a quienes recurren al sistema legal, con el objeto de aburrirlos, convencerlos de retirarse, desesperados. Es imperativo encontrar formas de impedir esta tergiversación de los conceptos, pues el efecto evidente, aunque a mediano o largo plazo, es el fin de las sociedades democráticas y el del concepto del respeto de los derechos de todos.