Actualmente se desarrolla el proceso para designar al Procurador de los Derechos Humanos. La debida protección al migrante y al desarraigado, es una tarea donde esta oficina tiene mucho por desarrollarse, en especial en el contexto actual, en que tantos guatemaltecos viven afuera del país por diversas causas. Constantes investigaciones están dejando evidencia de que somos un país de migrantes voluntarios, y también de expulsados institucionales, sociales y económicos.

Desde hace tres o cuatro décadas, conforme nuestra población en el exterior fue creciendo, la incapacidad del Estado por atender sus derechos se fue haciendo más evidente. Nada de extrañar de ese mismo Estado que ha sido deficiente al atender los problemas históricos que aquejan a sus habitantes. En 1985, cuando los constituyentes redactaron el texto magno, los caudales migratorios hacia el Norte apenas comenzaban a formarse. Los guatemaltecos que vivían en Estados Unidos, quizá en su mayoría, eran personas que libremente se habían radicado allá. En ese entonces, pocos habrán previsto que las poblaciones desplazadas a México por la guerra no regresarían, y que en vez, se desarrollaría una nueva cultura de movilidad que terminó estableciéndose en EE.UU. Hoy, nuestro Canciller estima que esa población supera los tres millones de guatemaltecos.

Como resultado de que en aquella época aún se apreciaba irrelevante el nuevo fenómeno migratorio, nuestra Constitución no contempla a ese segmento que hoy merece tanta atención. Prueba de ello, el artículo segundo constitucional establece que los deberes del Estado guatemalteco se limitan a sus habitantes –es decir, quienes viven adentro de sus fronteras-. En su articulado, la Constitución no tiene directriz alguna respecto a la población en el exterior, como sí lo tiene por ejemplo, la constitución ecuatoriana de 2008, que dedica una sección entera a los compromisos nacionales frente a la movilidad humana.

Nuestra estructura estatal es anacrónica respecto de la población migrante. Este desfase se ve evidente en la Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH-. Un derecho principal vulnerado al guatemalteco en el exterior es la falta de documentos nacionales que comprueben su identidad. Pero la PDH ha ignorado este problema crítico desde 2013 cuando los únicos documentos en el exterior –cédula de vecindad y certificados municipales- quedaron sin vigencia ante la llegada de un nuevo Renap. Cuando el Procurador de León interpuso en ese entonces un amparo, lo hizo en nombre de quienes se encontraban trabados en el proceso para obtener el nuevo DPI en Guatemala, ignorando la situación de millones afuera.

Tarde o temprano el Estado tendrá que adaptarse para alcanzar al guatemalteco en el exterior. En el caso de la PDH, la estructura debe permitir que sus delegados puedan ejercer el papel de fiscalización y denuncia frente a la actuación del gobierno consular. El vacío constitucional para la protección del migrante ha permitido que distintos actores procuren arrogarse el papel de defensores de los derechos de los expatriados. Un caso es el politizado Conamigua. Otro, el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, que como gestor gubernamental, en vez de ser un fiscalizador, es más bien el objeto de observación y de fiscalización. Es inminente que los candidatos a Procurador incluyan en sus planes de trabajo nuevas propuestas para alcanzar a los expulsados de la patria, principalmente quienes viven en países hostiles a su existencia, bajo un fenómeno que ha sido calificado por algunos como el problema que definirá el siglo XXI.

@pepsol