La crisis financiera por la que atraviesa el país no solo es una de las peores en los años recientes, sino que tiene repercusiones muy serias en otros ámbitos de la vida. Ayer se dio a conocer que los hospitales más importantes de la capital, el Roosevelt y el San Juan de Dios, dejarán de prestar servicios esenciales por falta de recursos, lo que impide la compra de insumos, y porque tampoco se le pueden pagar los salarios al personal.

El calificativo más inmediato para esta crucial etapa que atraviesa el sistema de salud surgió de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que la señala como la peor que se tenga documentada en la historia nacional. Este énfasis adquiere relevancia porque no es la primera vez que los hospitales públicos cierran sus puertas para dejar de atender pacientes, sobre todo porque no existen medicamentos ni otros insumos con los cuales puedan darles un mínimo de atención, cuando no se trata de emergencias.

El ministro de Salud, Mariano Rayo, había anunciado horas antes que tres de los más importantes hospitales públicos habían cerrado sus consultas externas porque no se ha podido pagar sueldos a los trabajadores. Pero la crisis no es nueva. Lleva meses incubándose, precisamente porque casi desde inicios de año empezó a crecer en las finanzas públicas, pues ya se tenían suficientes indicios de que la recaudación tributaria no lograría sus objetivos y que las metas propuestas estaban muy por encima de lo que se lograría recaudar.

Ante ese panorama, no pueden dejar de citarse los casos de corrupción. Se ha sabido de esas necesidades, y el despilfarro o el latrocinio no han cesado, al punto que hace relativamente pocos meses se empezaron a destapar casos que golpearon a la opinión pública, por las millonarias cifras que se mencionaban. Muchas de esas denuncias se relacionan precisamente con la compra de medicamentos, sin que se cumplieran objetivos sanitarios, porque el fin primordial era adquirir prácticamente cualquier producto, aunque no fuera de utilidad.

Cuando se habla de corrupción, no puede dejar de mencionarse que esa lacerante acción afecta a toda la población, pero el mayor daño recae sobre quienes más lo necesitan, la población de escasos recursos, como ahora se puede observar en las imágenes captadas en los últimos días en los distintos hospitales que están virtualmente paralizados. Pero también se debe remarcar que no es una crisis pasajera, pues las deudas de los centros hospitalarios son millonarias y también se cuentan por miles los medicamentos que hacen falta para restablecer el servicio, a lo que se agrega la falta de pago de salarios.

Decía hace pocos días Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que si bien los guatemaltecos creen que se han dado grandes golpes a la corrupción, no es nada comparado con la dimensión de lo que ese flagelo realmente alcanza en el país. Por ello, cuando hay una situación como la actual de los hospitales, tampoco queda duda de que la crisis todavía es más profunda de lo que se observa en la superficie, y que esta es una de sus facetas más crudas.