Vilma Carrillo pasó una amarga Navidad. Desde mayo pasado se encuentra en un centro de detención en EE. UU. y separada de su hija, Yeisvi, de 11 años. Ella ya había vivido indocumentada en territorio estadounidense, donde nació su hija, y luego retornó a Guatemala donde solo encontró el maltrato de su marido, por lo que decidió regresar a EE. UU. para pedir asilo. Los diarios The New York Times y El País se hicieron eco de su dramática historia porque lleva siete meses separada de la niña y a punto de ser deportada. También podría perder la custodia de su hija por ser esta ciudadana estadounidense. En el caso de Vilma se conjugan la pobreza extrema, la violencia intrafamiliar y la falta de oportunidades que la arrojaron, como a miles de compatriotas, a la migración. Esta indígena se enfrenta a la política migratoria del presidente Trump que significa separación familiar y deportación.

A sus 38 años, Vilma no solo afronta aislamiento en el centro de detención, sino el problema de que no sabe leer, escribir, su español es muy limitado y solo se expresa bien en mam. Esa situación le ha dificultado comunicarse con el juez en la audiencia para obtener asilo. Al principio fue retenida junto con Yeisvi, pero cuando las autoridades se dieron cuenta que la menor era ciudadana estadounidense la separaron de su madre y la llevaron con una familia de acogida en Arizona, a unos tres mil kilómetros de distancia.

Después de ser trasladada a varios centros de detención, en Georgia participó en una audiencia con un juez, por medio de videoconferencia. Sin embargo, no lo hizo en las mejores condiciones porque no tuvo abogado y sin la documentación que respaldara su denuncia de violencia física y psicológica, la cual estaba en una mochila que la policía no le devuelve. No pudo contar con toda la contundencia del caso las golpizas y las amenazas de muerte de su marido. Vilma fue apoyada por un intérprete que en teoría hablaba mam, pero en las transcripciones de la sesión —a las que el diario español dice haber tenido acceso— habría quedado en evidencia que no fue así. Su solicitud de asilo fue rechazada y se ordenó su deportación. El fallo fue apelado y la próxima audiencia será el 29 de enero, pero si antes no es liberada podría perder la custodia de la niña y lo mismo podría ocurrir si es deportada.

Cuando escribo estas líneas otra tragedia enluta al país. La comunidad q’eqchi’ de San Antonio Secortez, Alta Verapaz, recibió el 24 de diciembre los restos de la niña Jakelin Caal, de 7 años, que murió bajo custodia de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. Ayer fue sepultada en medio del dolor de la población indígena que no tuvo el más mínimo apoyo del gobierno de Jimmy Morales. Tampoco se ha conocido pronunciamiento alguno del presidente para exigir una investigación sobre las causas del deceso. Pero aún no termina el sufrimiento de la familia porque el padre de la menor podría ser deportado. Eso significará enfrentar el pago de la deuda al coyote que los llevó a territorio estadounidense a un grupo familiar que vive en la completa miseria.

Cuestionar que la gente se arriesgue a irse a EE. UU. es fácil. Cuando se vive en condiciones paupérrimas como las que enfrentan las comunidades de Vilma, en Huehuetenango, y de Jakelin, en Alta Verapaz, la migración pareciera ser la única alternativa. Solo algunos migrantes logran su objetivo, el cual cada vez es más difícil por el control fronterizo. La Dirección General de Migración reporta que de enero a julio de este año fueron deportados 30 mil 138 guatemaltecos de EE. UU., un 85% más que en el mismo período del 2017. Esos números hablan del fracaso de las políticas de desarrollo del país y de la necesidad de miles de connacionales de huir de la pobreza extrema para alcanzar el sueño americano, que la mayoría de veces se vuelve una pesadilla.

@hshetemul