La decisión del presidente Morales de poner fin al acuerdo de la Cicig de manera anticipada y unilateral ha afectado dramáticamente la imagen de Guatemala ante el resto de las naciones. Es evidente que actitudes como esta también han incidido en el estancamiento económico del país, desincentivando la inversión extranjera por la falta de certeza jurídica e inestabilidad política, la situación que ha venido en escalada desde hace cinco meses, cuando el presidente declaró no grato al comisionado Velásquez.

Esta última acción de Morales no solo destruye completamente su imagen ante el mundo y sus conciudadanos, sino que también evidenció que antepuso sus intereses personales al bienestar de nuestra lastimada patria.

Entre aciertos y errores, el pecado de la Cicig como institución fue haber desvelado el terrible problema de la corrupción enraizada a todos los niveles, hecho que se hizo imperdonable para las estructuras más poderosas del país, que hoy están claramente identificadas. Toda esta situación ha ido erosionando el estado de Derecho, las acciones arbitrarias e irracionales que ha tomado el mandatario han minado su credibilidad y la de su Gabinete.

El problema es que se está jugando con una relativa estabilidad política que por décadas había costado obtener, y por la terquedad de unos pocos que están manipulando este escenario podría perderse todo lo ganado, a costa de sangre y lágrimas. Al final seremos la mayoría de la población los que tendremos que pagar un precio muy alto para satisfacer la ambición de este grupo sin escrúpulos.

Con la Cicig o sin ella, en Guatemala debe prevalecer el imperio de la ley y el estado de Derecho, y no es justo que por el empecinamiento del presidente, respaldado por sectores poderosos que se benefician de la impunidad o han sido investigados por la Cicig, se pretenda destruir nuestra república democrática, para convertirla en un paraíso de ilegalidad, donde los únicos beneficiados son ellos.

En la actual coyuntura ya sale sobrando cuestionar si permanecerá la Cicig en el país o si Velásquez es no grato, también ya es muy tarde y desgastante discutir quién está a favor o en contra de la Comisión, el punto ahora debe ser sopesar las serias consecuencias que desatarán las acciones sin precedentes que está ejecutando el presidente Morales y enfocarse en resguardar la institucionalidad que está seriamente amenazada.

La pregunta es: ¿Quiénes se benefician de esta crisis, anarquía, y desorden político y jurídico? Los mismos de siempre, quienes han manejado este país desde hace más de 50 años y para ellos, a mayor caos más oportunidades. Mientras tanto, las escuelas con escritorios rotos, sin baños, techos con goteras. Los hospitales en pésimo estado, sin equipo ni medicamentos. Las carreteras y la infraestructura destruida, sin alumbrado eléctrico. Las cárceles cooptadas por maras y narcos. Esa es la realidad del país y el presidente, en lugar de haber trabajado por su nación, dedicó toda su gestión y energía para sacar a la Cicig del país, paradójicamente, habiendo sido él mismo quien antes elogiaba a Velásquez y firmó la prórroga de la Cicig hasta septiembre del 2019.

Por ahora, la Organización de las Naciones Unidas ya anunció que la Cicig continuará con su labor a pesar de la salida forzosa del país de su personal. Además, será Velásquez quien diseñará la manera de ejecutar esta nueva etapa de la Comisión hasta que finalice el acuerdo en septiembre.

La situación que atraviesa el país no debe tomarse como un show de lucha de poderes entre derecha o izquierda, entre honestos y corruptos; aquí se está jugando el destino de nuestra nación, donde sin duda debe prevalecer el estado de Derecho.