Finalmente, tras cinco días de denuncias en varios medios de comunicación y por las redes sociales, fue separado del equipo de transición del próximo gobierno José Ramón Lam Ortiz, quien según el presidente electo, Jimmy Morales, era uno de sus hombres de confianza. Lam Ortiz era el virtual ministro de Finanzas, y por ello había iniciado las discusiones, junto con los demás integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso, acerca del monto que en definitiva debe quedar aprobado para el próximo año.

Más allá de esa remoción, que era impostergable, el debate que sigue en los próximos días es de mucha importancia, porque se trata de una cifra de gran relevancia y su ejecución requiere mucha transparencia, debido al mal manejo que se ha hecho en los últimos años. Aunque se considera que el crecimiento propuesto para el próximo año es uno de los más bajos en comparación con el producto interno bruto, también se debe insistir en que todavía existen muchas dudas sobre cómo se gastan miles de millones de quetzales.

Por ello es que no se debe tolerar que esa cifra supere los Q70 mil millones, pues casi la cuarta parte de ese proyecto de gasto se cubriría con un mayor endeudamiento. Una de las prioridades que debe tener claro el próximo gobierno es que el gasto debe hacerse de manera responsable, y que antes deberían estar claros los rubros en los que se podrían hacer ahorros significativos por ser oscuro su destino.

Solo en las últimas semanas se ha conocido de muchos de los vicios que han corroído la administración pública, como la creación de cientos de plazas fantasmas, sobre las que el mismo Estado no tiene certeza de su cantidad. Lo único que se sabe es que muchas de ellas han sido creadas u ocupadas a solicitud de diputados, de ministros o de otros funcionarios de menor rango, como lo denunció el jueves el Ministerio Público al plantear una solicitud de antejuicio contra la recién designada diputada Daniela Beltranena, colaboradora cercana de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Pero muchas de esas denuncias también han aflorado en otros ministerios, como el de Salud, donde han sido revocados contratos de personas inexistentes, o como también acaba de ocurrir en el Instituto Guatemalteco de Turismo, donde su director debió cancelar o no prorrogar contratos de personas que laboraban allí a solicitud de varios diputados. Una actitud valiente que permitió a la vez conocer cómo ese tipo de nefastas recomendaciones son, entre otras causas, motivo de que los gastos del Estado hayan crecido de manera insostenible.

Por ello es que se hace necesario que el equipo del presidente electo asuma su responsabilidad ante la fijación de un nuevo techo presupuestario, pero sobre todo que brinde mayores detalles respecto de asignaciones y recortes. Para empezar con buen pie, también deben desterrar esa idea que lanzó Morales de suprimir los candados al Presupuesto, pues esa es la única garantía de que no proliferarán más abusos en la próxima administración, como históricamente ha ocurrido en el país.