Conforme se acerca el inicio de la campaña electoral, la realidad del país obliga a planificar cambios relacionados con el mundo de la política nacional. Evidentemente solo habrá renovaciones de algunos de los personajes, porque en un porcentaje abrumador serán los mismos, y quienes aparecen por primera vez o luego de una larga ausencia llegarán a la contienda con partidos políticos de muy reciente formación. El mensaje principal debe ser el de hacer un listado de cambios, algunos de ellos simples pero efectivos y otros necesitados de tomar acciones previas sobre las cuales es indispensable la discusión por todos los sectores, con decisiones de índole vinculante debido a un pacto social ante la ya iniciada tragedia.

En el caso del Tribunal Supremo Electoral, creo necesario reducirle el nombre a Tribunal Electoral, pues sus resoluciones son llevadas por quienes se ven afectados a la Corte de Constitucionalidad, convertida en una especie de súper corte con alcance para cualquier tema, jurídico o no. Por tanto, las decisiones del TSE no significan certeza. La palabra supremo significa “que no tiene superior en su línea” y superior es “dicho de una cosa, que está más alta y en lugar preeminente (superior) respecto a otra”. Las resoluciones del TSE sobre materia electoral deben ser obligatorias (vinculantes) en los temas de su competencia. Por aparte, necesita arrojo y seguridad de los magistrados para sostener sus decisiones. Con un inicio brillante, hace más de tres décadas, el TSE debe recuperar terreno y comenzar a hacer los análisis necesarios sobre los partidos, personajes y demás áreas de la competencia de esa institución.

La coyuntura nacional es el resultado de una tormenta perfecta político social en la cual participamos todos, en mayor o menor manera. Todo falló: la idea de abrir la puerta a la creación de partidos políticos prácticamente sin condiciones porque se pensaba en verdaderos vehículos de representación de criterios político-jurídico-ideológicos a la manera como eran en la etapa entre 1944 y 1964, provocó una multiplicación de remedos de agrupaciones sin ningún valor y efímeras, al estar integrados alrededor de personajes con el tiempo convertidos en representantes de lo más oscuro de quienes quieren participar solo con el fin de enriquecerse, aunque no ganen, a causa de convencer a algunos financistas crédulos o ambiciosos de mantener privilegios.

Docenas de “partidos” han nacido y muerto sin pena ni gloria, con el nefasto resultado de causar el hastío nacional. En las alcaldías, la decisión de darle un muy importante porcentaje del presupuesto nacional también abrió la puerta a los ambiciosos. El aumento de los integrantes del Congreso de la República, también a causa de una supuesta mayor representatividad, en la práctica ha sido causa de una presencia excesiva de diputados, entre ellos supuestos empresarios de obra gris, con lo cual se desfiguró además el propósito. Ahora, los jefes ediles, con muy pocas excepciones, llegan al puesto a salir de pobres. Mientras, en la banda de la 9ª avenida los negocios y los beneficios burdos convierten al más importante poder del Estado en un bazar tercermundista y vergonzoso.

Del Ejecutivo se evidencia lo mismo. Lo peor es la utópica idea de dejar como escasísimos requisitos para las candidaturas ser guatemaltecos y alfabetos. El caso actual comprobó: cualquiera, cualquiera, puede llegar a la presidencia, con el agravante de la debilidad real de la prohibición a la mayoría, los menores de 40 años. Este veto debe existir, pero bajo el criterio de igualdad de derechos, se podría eliminar por la aplicación positivista de las leyes. Si llegó un cómico, podría llegar cualquiera igualmente conocido por el mayor segmento poblacional. En resumen, urgen normas nuevas para evitar a un Congreso presidido por alguien sin experiencia ni partido. Sin cambios reales, la nave nacional terminará de hundirse.