Lo ocurrido ayer en la audiencia relacionada con el caso La Línea comprobó de nuevo la cantidad de particularidades de un proceso judicial llamado a ocupar un lugar destacado en la historia jurídica del país, en especial como consecuencia de algunas de las serias acusaciones hechas por el expresidente Otto Pérez Molina en una improvisada conferencia de prensa, pocos minutos después de que el juez Miguel Ángel Gálvez decidió suspenderla hasta una fecha aún no especificada.

El primer hecho sorprendente fue el intento de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti de no presentarse por supuestos problemas de salud. Posteriormente, el juez atendió el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la Nación y después el exmandatario dijo a los periodistas que su detención es ilegal, que el embajador estadounidense ha tenido injerencia en los asuntos internos de Guatemala y que la familia de Salvador González, alias Eco, recibe cinco mil dólares mensuales para financiar su permanencia en Canadá.

De las acusaciones, la más seria es la referente a la ilegalidad de la detención del expresidente, porque asegura que ya venció el tiempo legal para formalizar la acusación. Lo demás puede ser considerado como un juicio de valores, y sus palabras, como el resultado de haber ejercido el derecho político de denuncia y de intento de descalificación a quienes lo acusan de los delitos y a las personas llamadas a prestar declaraciones.

También es importante esclarecer los niveles de injerencia en la integración de la nueva Corte de Constitucionalidad, otro de los duros señalamientos hechos por el exmandatario, pues según él pudo haber existido algún tipo de relación directa o indirecta con personas e instituciones internacionales que trabajan en Guatemala.

Por eso, este caso reviste enorme importancia. De existir dudas en cuanto a la certeza de las pruebas, lo menos que se esperaría es que la parte acusadora presente los argumentos contundentes para que el proceso no corra el riesgo de ser empañado. Si hubiera una sentencia basada en datos poco firmes, los señalados se convertirían en víctimas y ello provocaría decepción popular ante lo que sería una muestra de poca eficiencia en la preparación de los procesos.

La perfección procesal es tanto o más importante que la sentencia misma. Las imperfecciones que históricamente han salpicado al sistema jurídico guatemalteco son una de las causas de la poca confianza ciudadana, y de manera indirecta esto se ha debido también a la corrupción como medio de resolver problemas legales.

Estas consideraciones son importantes porque uno de los grandes retos para el funcionamiento del sistema jurídico es precisamente que no se cometan errores. Ahora la tarea inmediata debe ser investigar el nivel de veracidad de las acusaciones del exgobernante. No se puede olvidar que en todos los casos de alto impacto, como sin duda alguna es este, no solo los implicados se sientan en el banquillo, sino también ese Organismo Judicial del que depende buena parte del funcionamiento de la sociedad. Aún falta mucho camino por andar y la certeza de esos pasos está en manos de los jueces.