El presidente Otto Pérez Molina, en sus declaraciones de ayer, fijó una posición que en cierta forma permite visualizar algunos de los necesarios cambios para que el Estado guatemalteco no termine de hundirse. Si bien señaló que no está dispuesto a renunciar, invitó a los diversos sectores sociales a participar en la presentación de sugerencias para que tengan utilidad los meses que faltan para la entrega del mando.

El mandatario indicó que ve la posibilidad de que alguien pueda convocar a los principales actores que han salido a las calles en las manifestaciones, para que comiencen a analizarse los cambios en el Ejecutivo, el Legislativo, los partidos políticos y también en toda forma, para luchar contra la corrupción, por medio de representantes que capitalicen esa energía y que la traduzcan en acciones que respondan a las claras demandas populares.

A ello agregó, implícitamente, que eran ciertos los señalamientos periodísticos respecto de sus propiedades y que está dispuesto a regular esa situación. Esas palabras tienen frente a ellas los problemas derivados de la disminución de la credibilidad presidencial, lo que solo puede comenzar a regresar cuando sean hechas realidad.

Lo expresado por el presidente tiene, sin embargo, una serie de requisitos. Primero, el alejamiento real, total y definitivo de las personas que antes estaban muy cerca de él, en especial la ex vicepresidenta Roxana Baldetti Elías. Segundo, lograr un acuerdo nacional de gobernabilidad, que indefectiblemente transcurre por acciones como la devolución de los fondos obtenidos por la corrupción.

Ya en la línea de lo solicitado por el presidente, se puede luchar por que sea creado un grupo de personas voluntarias para cuestionar y criticar las ideas propuestas y las decisiones sugeridas. Un grupo que busque defectos y que no se circunscriba a aplaudirlo todo y ver cómo se burlan las leyes. No solo se trataría de obedecer las normas, sino de aplicar el espíritu de estas, la lógica y el juicio puramente ético, dirigido a lo que es correcto y beneficia a la mayoría de ciudadanos.

El tiempo está en contra. Tales decisiones se deben tomar de inmediato, en la línea de lo que exigen los manifestantes en las calles y en las redes sociales. El proceso electoral ya comenzó y sería imposible retrasarlo. Pero sí es posible hacerle algunos cambios a la Ley Electoral, aunque para la primera vuelta sólo quedan 109 días, equivalente al 7.5 por ciento del período presidencial. Es fundamental entonces convencer a los sectores de presentar las ofertas, en la medida de lo solicitado por el presidente.

La presión popular, exitosa en la depuración del Ejecutivo, puede dirigirse ahora a lograr que las elecciones sean celebradas bajo condiciones distintas. El peligro mayor lo constituye que alguien llegue por mecanismos de la democracia y luego la destruya. Para facilitar la confianza popular, son necesarias acciones inmediatas y que lleguen a la yugular de los problemas causados por los abusos en el ejercicio del gobierno.