El asesinato de 43 estudiantes de secundaria en Guerrero, México, cuya historia está plagada de acciones de violencia que se han acentuado en los últimos años en algunos Estados ha constituido el detonante de protestas en prácticamente   toda la república vecina, las cuales alcanzaron hasta al presidente mexicano,  quien por aparte se encuentra en el centro de varios y difíciles problemas relacionados con su mandato. Puede decirse que existe una crisis lo suficientemente grave para que el mandatario se haya dirigido a la Nación y prometiera cambios fundamentales en diversas áreas.

En Estados Unidos, el veredicto de inocencia otorgado por un Gran Jurado de Misuri a favor de un policía blanco que disparó contra un  afrodescendiente, en un confuso incidente, se ha convertido en motivo para que en numerosas ciudades haya protestas callejeras. Estas se han dado pese a  declaraciones de las más altas autoridades del país, incluyendo el presidente Barack Obama, así como la familia de la víctima, quienes han dicho que la violencia no llevará a ninguna parte ni resucitará al joven.

En contraste, los guatemaltecos no tenemos esa característica de protestar, de salir a la calle, de criticar, de hacer públicos nuestros sentimientos o inconformidades. Es una apatía que puede tener como origen la larga etapa de temor ante las consecuencias de opinar, de ejercer el derecho a expresarnos,  que en teoría está plasmado en los textos constitucionales y legales, pero no fue sino   con la actual Constitución que comenzó a  practicarse entre los medios de comunicación y  los ciudadanos.

Es explicable entonces la actual y sórdida lucha de quienes desean continuar expresando su pensamiento y ejerciendo con ello la libertad de expresión, contra los funcionarios y personas que ejercen otro tipo de poder. Pero son una minoría: la generalidad de la población teme expresarse y por ello se ha quedado en silencio al enterarse de todo tipo de desmanes. En el conflicto armado interno, ambos bandos utilizaron el asesinato, el secuestro y la tortura, lo que contribuyó a que el silencio llegara a ser la reacción de la mayoría ciudadana guatemalteca, que ni siquiera en sus
localidades se atreve a ejercer esos derechos.

El resultado ha sido el constante derrumbe institucional de Guatemala: el servicio público se ha convertido, en todos los niveles, en una vía de enriquecimiento no solo ilegal, sino sobre todo inmoral. Estas consideraciones, tan evidentes y en realidad muy simples,  entran en juego cuando, desde la distancia, los guatemaltecos observan con una mezcla de extrañeza y envidia  la manera como en otros países surgen las reacciones  ante hechos   imposibles de  explicar, a menos que se agregue el factor del  irrespeto a las leyes.