En la página web de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) encontré que solo hay buenas noticias y todo huele a rosas. Hay reportajes valiosos sobre temas como la Escuela de Estudios Penitenciarios cumple su decimoséptimo aniversario, las privadas de libertad fueron beneficiadas con jornadas médicas realizadas por la Cruz Roja, autoridades comparten con niños del área maternal de Santa Teresa y videos sobre “Dios y mi trabajo me rescataron plenamente” e “Historia Penitenciaria de Guatemala”. Hay una página titulada “El índice de la información”, que no es tal cosa, y otra, “informe anual”, que tampoco corresponde al enunciado. A quien le interese la contabilidad de la DGSP, le extrañará saber que la página titulada presupuesto, carece totalmente de detalle y cuenta con un solo rubro, “servicio de custodia y rehabilitación de privados de libertad”; el presupuesto asignado para 2018, que es de Q692.8 millones. Lo que no hay es información y estadísticas sobre la población recluida que la DGSP tiene bajo su cargo y cuidado, o sobre los centros de detención. Hay un detalle de bienes inmuebles con una lista de los centros de detención, con número de finca, folio, libro y dirección; nada menciona sobre su capacidad o la cantidad de reclusos.

Alrededor de 23 mil reclusos representan tres veces la capacidad que tienen los 22 centros de detención. Son escuelas del crimen, donde los presos tienen el control y conviven criminales duros con pequeños infractores. Tan solo en el Preventivo de la zona 18 hay más de 5 mil reclusos; en Pavón, cerca de 3,400; en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, más de 3 mil; y en Santa Teresa hay más de 1,300 mujeres. Hasta Mariscal Zavala, el “para mientras”, excedió. De los aproximadamente 23 mil privados de libertad, alrededor de 90% son hombres y 10% mujeres. Llama la atención que poco menos de la mitad de los reclusos tiene sentencia y más de la mitad guardan prisión “preventiva”. Este último dato dice mucho, no sobre la DGSP, sino sobre el Organismo Judicial y su falta de capacidad para administrar los procesos de manera pronta y certera. Pienso que hay por lo menos tres factores que contribuyen al abultado número de procesos y presos en limbo; el exceso de formalismo y recursos procesales, la baja capacidad de gestión del OJ y la falta de recursos.

Los recursos asignados a la administración de justicia son muy pocos. No por falta de recursos, sino porque son asignados a una gran cantidad de organizaciones gubernamentales que son ajenas a las funciones legítimas de gobierno, o al menos son menos urgentes que la administración de justicia. Por otra parte, nadie quiere invertir en cárceles y centros de detención, y menos en presos. Se estima que cada privado de libertad le cuesta al Estado Q54 diarios y que para la atención de todas las personas en las cárceles del país se desembolsan más de Q1.25 millones diarios. Estos costos no incluyen inversión, solamente manutención.

Es necesario invertir en centros de detención de alta, mediana y baja peligrosidad. Más eficiente sería privatizar los centros de detención; que empresas privadas inviertan en la construcción de cárceles y las administren, mientras el gobierno paga por preso y supervisa. Claro que esto suena a blasfemia para quienes creen que las prisiones son patrimonio nacional y el lucro es cosa del diablo. Recomendaría dedicar recursos a la creación de tribunales dedicados a la presa de casos de quienes guardan prisión preventiva y resolverlos en un plazo razonable. Son temas importantes para la seguridad y justicia.