Aunque existe la creencia generalizada de que buena parte de los rezagos nacionales están relacionados con la rampante corrupción en la administración pública, debe puntualizarse que el cuadro quedaría incompleto si no se incluye el duro desafío en el campo de la seguridad.

En este último renglón, el narcotráfico ocupa un lugar de alta relevancia, por sus efectos colaterales en la generación de violencia, consumo y también por tener una alta incidencia en los índices de corrupción, principalmente en el ámbito de la seguridad, algo que puede incluso transformar los sistemas de los países más vulnerables.

La violencia, ciertamente, es la expresión más grotesca de ese efecto, pero como lo revela un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas, la actividad de los narcotraficantes en la región es la causa de un marcado deterioro en la seguridad y, peor aún, en el debilitamiento del estado de Derecho, y el mayor impacto de su efecto corruptor recae en el Sistema de Justicia.

Uno de los más grandes problemas para el área es constituir el eslabón geográfico entre productores y consumidores, lo cual se ratifica en el más reciente informe del Departamento de Estado, en el que se afirma que el 90 por ciento de la cocaína que llegó al mercado de Estados Unidos en los primeros seis meses de 2015 pasó por el corredor centroamericano, lo que, unido a la precariedad institucional, hace más vulnerables a estas naciones.

Esos ingredientes constituyen la mezcla perfecta para la proliferación de cualquier expresión criminal, como el hecho de que el 40 por ciento de la violencia en estos países es responsabilidad del narcotráfico, al punto de que se considera que buena parte de puntos sensibles de esa región centroamericana está bajo la influencia directa de ese flagelo, según el estudio del Departamento de Estado.

Ese documento refiere, en el capítulo dedicado a Guatemala, que la creciente actividad del crimen organizado sobre una debilitada institucionalidad en la región hace que estos países desarrollen condiciones proclives para el lavado de dinero.

Por ese tipo de antecedentes, además de la pobreza endémica, cuyo efecto más notorio ha sido la migración masiva de guatemaltecos hacia Estados Unidos, ha hecho que este país intensifique sus esfuerzos por detener y revertir esos pronósticos, ya que el Triángulo Norte constituye una de las áreas más vulnerables y de enorme relevancia para la seguridad de esa nación norteamericana.

No es casual, entonces, la ofensiva diplomática y financiera que ha emprendido Estados Unidos hacia estos tres países del Istmo, y por ello es que la visita del zar antidrogas de esa nación, William Brownfield, busca dejar claro cuál es el objetivo de Washington.

No hay vuelta de hoja. O se empieza a revertir esa situación y se asume una actitud de mayor responsabilidad o las presiones irán en aumento, como ya ocurre con la solicitud de préstamos que Guatemala necesita, pero que los organismos financieros internacionales no desembolsarán mientras no sean convincentes los ofrecimientos de cambio.