Tradicionalmente, el lapso comprendido entre los últimos días previos a la Navidad y el espacio entre ésta y Año Nuevo ha sido utilizado como el marco para realizar paquetazos de impuestos, aprobar leyes abusivas o inconvenientes para el país pero beneficiosas para unos cuantos, etcétera. Se aprovecha el desinterés ciudadano en cualquier tema ajeno a las festividades en cualquiera de sus manifestaciones. Por eso es importante escudriñar para descubrir acciones ocultas o realizadas con cierto cuidado, y sobre todo preguntarse cuáles son las causas verdaderas escondidas en decisiones hechas públicas. Es una desconfianza necesaria. Este año no fue la excepción: el Procurador General de la Nación solicitó retirar el derecho de antejuicio a tres magistrados de la CC.

En política no hay casualidades y el momento de realización de las acciones es elemento fundamental de tomar en cuenta a la hora de buscar el o los porqués. Toda acción de este campo tiene un objetivo específico, muchas veces escondido en aspectos legales o legalistas, y por eso se puede hablar de “mentir con la verdad”. Otro factor son las consecuencias de las acciones, y esto debe ser analizado con especial atención. En el caso hoy comentado, el objetivo es cambiar a los integrantes de la Corte de Constitucionalidad, aunque sea por un período breve, mientras ocurre algo distinto, verdadera meta de lo decidido. Es difícil atinar a cuál es esta meta, pero el análisis de algunos factores políticos adicionales puede ayudar a descubrirla y con ello a comprender cualquier plan.

Este año 2019 tiene importancia especial a causa de las elecciones tan sui géneris. En el horizonte aparecen 27 posibles candidatos. ¡27! Entonces, la lógica política hace pensar en la reducción del número de aspirantes, lo cual en sí es beneficioso para el proceso y para el país. Sin embargo, a causa de no ser los magistrados del TSE absolutamente libres de presiones y de la obligación de pagar deudas, los sustitutos de quienes ocupará esa Corte pueden marcar la diferencia en la decisión de quién puede participar y quién no. Los afectados pueden apelar ante la Corte Suprema de Justicia y el caso puede eventualmente llegar al pleno del Congreso, por lo cual de hecho es casi imposible para un candidato rechazado poder cambiar ese veredicto.

Uno de los temas mencionados en corrillos se refiere al derecho de ciudadanos recién salidos de la administración pública para luchar en una contienda electoral. A mi juicio, no hay ninguna violación porque ese eventual caso sería similar al de los militares, quienes no pueden participar políticamente hasta pasados cinco años de su retiro. A causa de la posibilidad de aprovechamiento de los alcaldes y otros funcionarios públicos en las lides políticas previas, sería útil para el sistema ampliar tal veda a todo exfuncionario, con excepción de los maestros y quienes trabajan en el sector salud. De hecho, el impedimento a todos los ciudadanos menores de 40 años para competir por la presidencia es una condición cuyo alcance incluye a la mayoría de ciudadanos.

Apenas han pasado dos días de este año, y ya se vislumbran sus agitados momentos. El Procurador General de la Nación está siendo criticado y alabado por su acción. Algunos de los aspirantes presidenciales están nerviosísimos. La inscripción de candidatos está a pocas semanas. La primera vuelta electoral, a seis meses, y esto reduce el tiempo de la campaña política, de por sí afectada por las nuevas limitaciones de financiamiento y de publicidad. Ello beneficia a los candidatos conocidos por haber participado en la campaña anterior, pero algunos tienen un sólido anti-voto. Mientras tanto, los ciudadanos comunes y corrientes afianzan su desinterés, hastío y desconfianza, curados de mensajes y promesas jamás cumplidas. La acción contra la CC puede ser el detonante de acciones inesperadas, sorpresivas, en las cuales lo único seguro es el panorama nebuloso y los goterones presagiantes de tormenta.