Al momento ha habido dos respuestas ambiguas que dejan abierta la probabilidad de una alteración constitucional. La primera fue del propio gobernante Otto Pérez Mollina, quien calificó de “sano” un ejercicio de esa naturaleza. Y la segunda provino del sector privado organizado en el Cacif, cuyo representante indicó que esa entidad haría una reunión para tratar el tema cuando este fuera puesto oficialmente en el tapete de las discusiones.

Para entender por qué debe ser rechazada de tajo una pretensión de esa naturaleza, se puede señalar un símil: sería como preguntarle al mandatario o al sector privado si están dispuestos a cumplir la Constitución. La respuesta tiene que ser un rotundo Sí, como un No es la única reacción al consultarles si planifican incumplirla. El rechazo tiene base porque el presidente ha insinuado cambios a la Carta Magna, no los ha rechazado cuando un diputado oficial sugirió la posibilidad de reelección, y ahora se refiere a la probabilidad de gobernar durante largos seis años.

Los argumentos esgrimidos por quienes de manera correcta y esperable se manifiestan en contra de estas ideas a todas luces inconvenientes son muy claros, explicables e ineludibles, y deben ser apoyados. No se trata de referirse a la posibilidad teórica de pensar en las ventajas y desventajas tanto de los actuales cuatro años del período presidencial como de cinco o de seis. Ese alargamiento del período implicaría también que los alcaldes y diputados estarían ese tiempo, todo lo cual implica una desobediencia a sus juramentos de ejercer el poder cuatro años y de cumplir y hacer que se cumpla la Constitución de la República.

Desde el punto de vista político, el simple hecho de que el presidente Otto Pérez Molina no rechace esa idea lo coloca en un grupo de personajes muy cuestionables en cuanto a esas pretensiones, encabezados por el general Jorge Ubico, que logró que un sumiso congreso declarara dos veces “en suspenso” la prohibición constitucional. En la actualidad, los cambios para permitir reelecciones se han dado con Álvaro Uribe, en Colombia; Nicolás Maduro, en Venezuela; Evo Morales, en Bolivia; Manuel Zelaya, en Honduras, y Rafael Correa, en Ecuador.

En el frente interno, a los problemas ya existentes se agrega la interpretación y la percepción populares de que es un plan concebido desde hace algún tiempo. Las interpretaciones actuales del accionar político han ampliado el significado de algunos términos. Es el caso del golpe de Estado. Ahora ya se le califica de técnico, cuando no implica participación de militares golpistas, calificativo que podría ser aplicado al presidente, que en su momento fue de los signatarios de los acuerdos de paz.