Como tenía que ser, apenas se estaba terminando la discusión de las reformas a la Ley de Régimen Interior del Congreso y ya habían empezado a surgir las primeras protestas, no tanto contra esa normativa, sino contra otras iniciativas polémicas que los diputados tenían incluso en su lista de tareas para la semana anterior.

Este es el caso de la ley de la juventud, que se empezó a discutir en el Congreso pero de inmediato sacó chispas en el hemiciclo, por lo que ayer fue trasladada a una comisión específica, debido a la polémica que generó y al marcado rechazo de varios sectores. Ahora deberá recorrer una ruta que puede permitir mayor discusión.

Dicha iniciativa es, sin duda, polémica y quienes saben lo controvertidos que pueden ser los temas que toca optaron por presentarla de manera casi subrepticia, para sorprender a la mayoría de legisladores, que no solo podrían haber estado obnubilados por los cambios a la Ley de Régimen Interior, sino que además hubo grupos que ejercieron una sospechosa presión mediante gritos y aplausos desde las tribunas.

Por suerte, la noche en que se intentaba dejar aprobada la normativa hubo voces de varios sectores que llamaban a la prudencia, sobre todo porque incurre en dos fallas garrafales. La primera es la de tratar de insertar entre los guatemaltecos normas de conducta abarcando con demasiada displicencia el campo de la sexualidad y violando el principio de que la familia es la base de la sociedad.

El segundo cuestionamiento es que los diputados ponentes habían acordado que para financiar la implementación de muchos de los contenidos debe modificarse el impuesto sobre la renta y subirle el 1 por ciento sobre las ganancias de las empresas, lo cual, a todas luces, es una medida criticable, no tanto por la finalidad apuntada, sino porque hay ingentes necesidades en el país, rubros de urgencia, como la educación o la salud infantil, que no gozan de tales ingresos directos.

Una norma de esa naturaleza debe ir en consonancia con otras políticas y sus consecuentes modificaciones presupuestarias, para que cualquier ocurrencia como la de ahora encaje dentro de un sistema de salud integral, y no simplemente a través de una secretaría que de la noche a la mañana resulte con ingresos millonarios pero sin ningún plan a largo plazo.

Sobre la parte medular del contenido también debería existir mayor reflexión, pues no se puede decretar de un momento a otro que la práctica de la sexualidad entre los jóvenes deba ser, por ley, liberalizada, y por ello el Estado debe asumir incluso el gasto de proveer profilácticos, privando a los padres de toda responsabilidad.

Por otra parte, se coloca al Estado como ente responsable de la prevención de los embarazos, mediante “anticonceptivos modernos”, cuando de sobra es sabido que este tipo de fármacos son un millonario negocio pero no una panacea para los problemas sociales y económicos, que requieren de un abordaje serio, holístico y éticamente sostenible, donde un Congreso que ha sido muy irresponsable lo primero que debe hacer es escuchar a distintos sectores.