Pretender eliminar la pobreza por decreto suena idílico y ha sido siempre una fumada politiquera, con miras a ganar votos y manipuleos de grupos de interés. Todas las leyes que en su articulado manosean el derecho a la propiedad privada son peligrosas. Y especialmente lo son en Guatemala, porque cualquier cosa puede pasar aquí, donde “el hierro flota, la balsa se hunde y los patos le tiran a las escopetas”.

Hablan de salarios los que nunca han pagado una planilla, pero siempre han estado en una de gorrones. Hablan de impuestos los que nunca han contribuido, pero siempre han estado mamando de esos impuestos. Hablan de libertad los lamebotas de las “grandes democracias” castristas, bolivarianas y demás franquicias socioesquizoides que aún subsisten.

Por eso en este país cuando alguien, quizás con buenas intenciones —la mayoría de veces no—, pretende introducir alguna ley con vinculaciones a la propiedad privada, a todos se nos pone la piel de gallina.

La iniciativa 4,995: “ley marco de ordenamiento y desarrollo territorial de la Nación” podrá tener lógicas de convivencia urbana y municipal, pero es peligrosa y nociva porque manosea la Ley de Expropiación, dejando lagunas fácilmente utilizables por los zánganos expertos en tergiversar los grises de los articulados para provecho propio. Como ya lo hicieron con la Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral, No. 4,084, otra ley que este mes pasa en tercer debate a la redacción final con bombas de tiempo en su redacción, como el artículo 10, el cual plantea que “mediante programas especiales y legislación adecuada se promoverá la transformación de la estructura de tenencia y uso de la tierra incorporando a la población rural al desarrollo, económico, social y político”. Suena bonito y políticamente correcto, pero es un arma letal en manos de liderazgos negativos politiqueros populistas.

Ambas leyes son peligrosísimas y costosas. En el caso de la 4,995, genera más burocracia creando un nuevo ministerio de vivienda y ordenamiento territorial, con todo y sus tres viceministerios y un estipendio inicial de Q80 millones, más el 0.05% del Presupuesto 2015, o sea la bicoca de alrededor de Q400 millones anuales.

El artículo 5 preceptúa: “El respeto por las formas tradicionales de tenencia de tierra, relación cultural y espiritual con el territorio de los pueblos indígenas”. ¿Acaso estos no son elementos ajenos a la posesión, provocando incertidumbre en su regulación? Darles estas megabombas a líderes expertos en conflictividad social, reaccionarios, contestatarios y reactivos, es una crasa irresponsabilidad.

Otro artículo peligroso es el 70, el cual establece que “los municipios podrán imponer contribuciones para mejorar las fuentes de financiamiento para el ordenamiento territorial”. Son contadas las municipalidades con rendición de cuentas transparentes y gasto sano como para darles mano libre. Peligroso también.

Perdonen señores diputados entrantes 2016, en proceso de dejar la virginidad parlamentaria en estos días de intenso flirteo politiquero, pero Guatemala ya cambió y nunca será la misma. El seguimiento de las sesiones del Congreso y la difusión de noticias parlamentarias es en tiempo real. Nadie puede salvarse del escrutinio público. El pueblo no olvida y las redes sociales son implacables. Los medios digitales reaccionan segundos después de los acontecimientos.

Ustedes están en primera plana. Tomen nota de estas leyes chuecas y peligrosas, y hagan cuanto puedan para eliminarlas de la agenda parlamentaria. Esto no ayudará a Guatemala, sino para incrustarnos en largos procesos de conflictividad social generando con ello las condiciones óptimas para que la inversión y el desarrollo salgan disparados hacia países más estables, como ya lo han hecho muchas en el último año.

Ahora tenemos que enfrentar la aplanadora UNE y la pacotilla de mercenarios de siempre.

Qué bueno que ahora sí podremos verlos en vitrina.