Los obispos católicos de Guatemala se pronunciaron sobre la situación actual del país, a raíz del fraude descubierto en la SAT por el Ministerio Público y la Cicig. Es un hecho que condenan rotundamente, al mismo tiempo que comparten “el rechazo y la indignación” de la ciudadanía que se viene expresando en manifestaciones pacíficas, como de que el pueblo perdió “la confianza en la institucionalidad del país”, de que la gente está exigiendo “justicia”, y que el pueblo está “frustrado” por el saqueo del erario que hacen sus políticos a causa de la corrupción, como “llaga putrefacta” que penetró profundamente la entera sociedad guatemalteca.

Asumiendo las enseñanzas del papa Francisco, califican la corrupción como “un grave pecado” que destruye la persona y la sociedad; no permite “mirar el futuro con esperanza” porque es una conducta humana cargada de “prepotencia y avidez” que aniquila “los proyectos de los débiles y oprime a los más pobres”. La corrupción es intrínsecamente mala, “se anida en gestos cotidianos para expandirse luego en escándalos públicos”; además, “es una obstinación en el pecado, que pretende sustituir a Dios con la ilusión del dinero como forma de poder. Es una obra de las tinieblas, sostenida por la sospecha y la intriga”.

La corrupción, desgraciadamente, siempre ha existido en nuestro país, desde el ciudadano que se niega a pagar una infracción de tránsito hasta el alto magistrado o juez que recibe dinero por una sentencia, pasando por los alcaldes y sus corporaciones, los Cocodes, el diputado, el gobernador, el ministro, el contratista, el empresario. De modo que se cumple lo que decía Mons. Romero, quien será beatificado el próximo sábado: “Tenemos una nación corrupta de arriba hasta abajo, porque se han olvidado todos de la ley de Dios”. (Homilía, 18 de marzo de 1979)

Esta lacra tiene enferma a la sociedad, y “la mayoría de guatemaltecos somos responsables” por nuestra actitud de “silencio” o por nuestra “complicidad explícita al favorecer los sobornos con tal de no sufrir penalidades”. Pero no cabe duda de que la mayor responsabilidad “la tienen los funcionarios públicos”, quienes, “por su negligencia o descuido, o por su participación activa fomentan y mantienen dicha corrupción. Igual responsabilidad tienen los empresarios o comerciantes que se benefician de los actos de corrupción”.

“No es suficiente denunciar la corrupción”, hay que exigir que quienes se han enriquecido ilícitamente devuelvan lo robado. Estos corruptos “no solamente deben sujetarse a los castigos establecidos por la Ley, sino deben restituir lo que han quitado a los pobres. No debemos ser indiferentes ante la impunidad institucionalizada que acompaña los actos de corrupción”. En estas circunstancias, “exigir justicia es promover la paz”. Los obispos concluyen afirmando: “nuestro querido país está enfermo de corrupción. Los guatemaltecos que amamos esta tierra debemos sanarla”. Ojalá “que las protestas sociales se transformen en un esfuerzo colectivo para tener una Guatemala distinta, sana, libre de ese mal que destruye y mata”.

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