Hago mía esta frase de Kate Millet, en el estricto sentido de que hay relaciones de poder que estructuran desde la familia hasta la sexualidad. Hay Biblias y Constituciones en cada sociedad, y una ciudadanía que se rige por ellas y pacta alrededor de ellas. Es el orden que vivimos. Lo que sucede en el ámbito privado familiar responde a este orden que nos define, sea cual sea, y tiene consecuencias en el orden  social. Díganme, por ejemplo, que la violación de una niña por su padre, en silencio, no refleja un sistema de relaciones de poder tácitamente definidas, y que esto no tiene consecuencias en la vida de la niña, la familia, la comunidad y toda una nación.

No somos solo islas ni solo colectivos humanos; ambas dimensiones están intrínsecamente relacionadas. Somos seres políticos, porque influimos en los entornos que a su vez nos determinan; más aún, cuando se trata de personas con altas responsabilidades y cuotas de poder dentro de una sociedad. Así que la decisión del presidente Morales respecto de la salida del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), además de haber sido arriesgada e inconstitucional, fue sobre todo una decisión personal. Por lo tanto, política.

En Guatemala, la familia es la institución fundante de este orden definido por una Biblia y una Constitución, pero bajo esa epidermis ha crecido un orden de relaciones de poder corruptas que se han enquistado en el Estado y la sociedad. Tanto, que ha llegado a ser “normal” que muchas de esas familias tradicionales que van a la Iglesia cada domingo cierren filas alrededor de un pacto de corrupción que pide que todos se protejan entre sí. Hay políticos corruptos, sindicalistas corruptos, empresarios corruptos, maestros corruptos, militares corruptos, periodistas corruptos, policías corruptos, organizaciones sociales corruptas y terratenientes corruptos. Imagine si todos ellos no temen ahora que la Cicig toque a su puerta, e imagine si Morales no pudo haber sentido como afrenta personal de la Cicig y el MP el hecho de que dos miembros de su familia enfrentaran procesos legales. Incluso ahora que él mismo está a las puertas de un posible antejuicio por financiamiento ilícito como pasado secretario de FCN, el partido que lo llevó al poder.

Lo que no se vale es esgrimir el argumento de la soberanía en una Guatemala que ha sido colonizada por unos y otros, en papel y de facto. ¿Cuándo esgrimieron soberanía los que atraen la inversión económica al país? ¿Cuándo hablar de soberanía en un país que en el último siglo ha vivido y sigue viviendo bajo la órbita de Estados Unidos? ¿Cómo es que algunos a quienes jamás les molestó la soberanía, ahora la usan como caballito de batalla para sacar del país a un funcionario internacional que, casualmente, vino con la misión de quebrar ese histórico pacto de corrupción? No soy idólatra, ya lo dije, pero sé agradecer que haya personas que crean en la justicia —más allá de la ley—, y la practiquen. Por ello, gracias a Iván Velásquez, y a las magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad que han sostenido la luz al final del túnel. Lo personal es político.

En Guatemala, leyes y biblias han sido usadas e interpretadas como menú a la carta. Los corruptos con poder han usado dinero, ley y dogma para arrodillar a una sociedad entera. En un marco de democracia real, representativa y participativa, y si queremos cambiar ese orden solo hay dos caminos: 1.) cuestionar esas normas e imaginarios y proponer unas mejores que alcancen a toda la ciudadanía; o 2.) irnos a la guerra, como sugieren quienes aman la sangre. Me quedo con la primera opción; ir sin prisa pero sin pausa, reformando el sistema político del país, enseñando a pensar a la ciudadanía desde la niñez, rompiendo la impunidad por la vía de la justicia y fortaleciendo ese músculo ciudadano y ético que está mucho más allá de las izquierdas y las derechas, porque lo que quiere es un país. Uno de verdad.