He leído detenidamente lo publicado en medios de comunicación social acerca del tercer informe presidencial rendido el 14 del mes en curso a los diputados por el presidente de la República, en acatamiento a un mandato constitucional, y no encontré nada sobre construcción de escuelas públicas, lo cual hace pensar que no fue construida ni una sola.

El informe solo tiene dos párrafos breves dedicados a recordar propósitos en torno a la educación alterna extraescolar y la tecnología en las aulas; la instalación de 1,500 centros de cómputo y la dotación de 19,000 computadoras en las escuelas públicas.

En la introducción del documento, que consta de 345 páginas, incluidas las de los anexos, el presidente solo explica —cito textualmente— “la manera en que esta administración ha logrado detener la caída de la tasa neta de cobertura y cómo se ha empezado a mostrar un comportamiento positivo en la educación preprimaria; así mismo se puntualiza la estabilización en la cobertura de los otros niveles educativos como producto de incremento de la cantidad de estudiantes atendidos en el sistema educativo nacional, en comparación con el año 2016. También se especifican las acciones relevantes para la generación de espacios físicos dignos y adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la provisión de tecnología en el aula. Se subraya, además, temas relacionados con la finalización de la primaria, la cantidad de días efectivos de clases y la calidad educativa. Esta sección también comprende lo ejecutado en el marco de la protección social a sectores de la población guatemalteca que requieren acciones específicas dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran. Y, finalmente, las intervenciones para fomentar la cultura y el deporte, como estrategia para construir una sociedad más incluyente”.

Como puede observarse, hay pocos datos expresables en números, y sabido es que ese informe anual es construido con párrafos redactados por los ministros. La responsabilidad por la no construcción de edificios escolares recae entonces en los de Educación, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

La omisión señalada pinta mal el rostro de las políticas públicas de Guatemala, pues es admitida a nivel internacional, desde hace tiempo, la existencia de una estrecha relación entre la cantidad y calidad de edificios escolares y el mejoramiento de la educación pública.
Ese mejoramiento pasa por una construcción anual de, por lo menos, 50 edificios escolares, con una inversión de 100 millones de quetzales.
Así, pues, el gobierno continúa en deuda con el pueblo de Guatemala y lo bueno sería que, en el año que resta para concluir el periodo presidencial, los ministerios citados, con los actuales titulares o con los que vengan, si hay más cambios en el Gabinete, hagan lo posible por agrandar la infraestructura física del sistema educativo con espacios donde tanto maestros como alumnos puedan sentirse cómodos.

Porque es una vergüenza que cuando se habla en los círculos internacionales de la educación en nuestro país, más que de los avances deseados se ponga énfasis en los retrocesos que los expertos encuentran al estudiar la situación prevaleciente. La calidad educativa, se dice con alta frecuencia, no ha mejorado y hasta en el Congreso de la República un diputado ha manifestado recientemente que los últimos cuatro ministros de Educación no han hecho lo suficiente en la materia.