En dos jornadas históricas que el país ha vivido en las semanas precedentes, los guatemaltecos han cumplido con un histórico papel como ciudadanos. Primero, llenando las plazas de las principales ciudades para protestar en contra de la corrupción y demandar la renuncia de las más altas autoridades, sobre las que pesan serias sospechas de haberse enriquecido en forma ilícita, y también al acudir a emitir el sufragio en las elecciones con mayor participación de la era democrática.

Esto, por supuesto, no habría sido posible sin la acción decisiva del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que a su debido tiempo plantearon las pruebas suficientes para que los entonces gobernantes hicieran efectiva su renuncia y, ya separados del cargo, pudieran avanzar las pesquisas en los órganos respectivos para dilucidar su situación: un proceso que resulta vital para la consolidación de un estado de Derecho, que es piedra fundamental de la democracia.

El pasado domingo 6 de septiembre, casi 5.5 millones de ciudadanos, el 71 por ciento de quienes estaban habilitados para elegir a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como corporaciones municipales, dieron una muestra de responsabilidad ciudadana que deja una lección y un compromiso pendiente a las organizaciones políticas, las cuales en las últimas décadas le han quedado mucho a deber a la sociedad guatemalteca, que demasiado se tardó en salir a las calles para exigir respeto.

Estos dos sucesos han enviado un poderoso mensaje a muchos otros sectores, y lo que se espera es que en el país este se tome y se actúe en consecuencia, lo cual implica que también debe existir una correspondencia de actitudes en otras instancias que, de manera directa o indirecta, tienen que ver con el fortalecimiento de la gobernabilidad. El ímpetu ciudadano para demandar cambios debe ser atendido de manera responsable, coherente y libre de las pasiones partidistas o sectoriales, que suelen representar un tropiezo más que un aliciente.

Cuando un candidato como Manuel Baldizón lanza expresiones de desconfianza contra el Tribunal Supremo Electoral, pero también contra los integrantes de miles de juntas electorales, causa un enorme daño porque no aporta las pruebas de inmediato ni presenta la denuncia en las instancias correspondientes. Incluso se causa un daño a sí mismo, puesto que pone prácticamente en entredicho a su partido y a los candidatos que ganaron algún puesto, y los hace vulnerables ante la opinión pública, en un desgaste precoz que podría terminar en desbandada y minar su caudal de cara a un proceso electoral futuro.

Es un escenario donde se vuelve impostergable que otros organismos del Estado se den por enterados y cumplan responsablemente con sus obligaciones, pues de no hacerlo no tardarán en reactivarse las protestas reivindicativas para proseguir con las exigencias de depuración de aquellos órganos que se resisten a emprender el reto de transformar el país. Sobre todo porque es obvio que muchos han de seguir esperanzados en que todo vuelva a ser como antes y que nada cambie.