La crisis sin precedente en la que está sumido el Gobierno tiene un impacto directo en todo el Estado, y puede provocar una situación de ingobernabilidad de dimensiones impredecibles. La investigación realizada por la Cicig y el Ministerio Público es una ventana de oportunidad para empezar, en serio, a depurar la contaminación en las instituciones públicas.

Muchos implicados en ilícitos estarán temerosos de ser descubiertos en los negocios despreciables en los que han participado. No se trata únicamente de funcionarios o empleados públicos, hay otros implicados que seguramente se irán evidenciando conforme avance el trabajo minucioso realizado por el ente investigador.

La corrupción, el contrabando y la defraudación aduanera descubierta, documentada y denunciada, requieren de dos partes, una ya fue revelada en este caso y consignados a los tribunales los imputados; falta la otra, aquellos que se beneficiaron de ese espurio negocio, dejaron de pagar lo que correspondía, participando del ilícito y, lo que es peor, no denunciaron los delitos, lo que los convierte en cómplices. Es cierto que es fácil ahora criticar y que hay que estar en ese lugar para saber que si no actuaban así, sus negocios hubieran sucumbido porque esa inveterada práctica estaba institucionalizada y bloqueaba la posibilidad de tomar la ruta correcta del pago de impuestos.

Lo mismo le sucedió a los constructores e ingenieros contratistas del Estado que debieron pagar una comisión para que las obras les fueran asignadas. Y qué decir del negocio de los medicamentos que afecta lo más valioso de las personas, su salud. Ha sido un sistema tolerado y aceptado por políticos, gobernantes y algunos sectores de la sociedad.

Una somera investigación hemerográfica sería suficiente para evidenciar cuántos reportajes han sido publicados, debidamente documentados, sin que las autoridades dieran el seguimiento y pusieran coto al saqueo del Estado a través de redes criminales que han mermado los ingresos fiscales.

No es justificación que en todos los gobiernos se hayan llevado a cabo actos de corrupción. Este caso implica a personas vinculadas de manera directa con la vicepresidenta y, por lo tanto, la comprometen. Salvo algunos ingenuos, la mayoría de personas con información tenemos dudas razonables sobre el conocimiento que ella pudiera haber tenido de lo sucedido.

Durante meses se informó sobre hechos sospechosos en este gobierno. Las aduanas, los puertos y aeropuertos siempre han sido un foco de descomposición. La Cicig, con Iván Velásquez al frente, asumió el combate a la corrupción con pertinencia, y hoy reporta un primer resultado. Seguramente hay mucha más información y habrá más consignados cuando las pruebas estén firmemente comprobadas. A los cómplices también se les debe perseguir.

Y lo que sigue es el financiamiento de los partidos, para evitar continuar en esta debacle.

iliaalamilla@gmail.com