Una denuncia reciente del procurador de los Derechos Humanos contra las anteriores autoridades del IGSS por el desabastecimiento de medicinas coloca en primer plano el conflicto creado por una extensa e influyente red de proveedores que acomodó a sus intereses los procesos y licitaciones para la compra de medicinas, con la desgarradora complicidad de autoridades y médicos.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público los han sindicado ante los tribunales con el calificativo de Negociantes de la salud, por los alcances insospechados de esa estructura, empezando por que proveedores inescrupulosos se coludían con funcionarios que hacían difícil, cuando no imposible, abastecer en forma adecuada y con buenos precios y calidades a los hospitales públicos y los del IGSS.

El mercado de medicamentos en los hospitales ha sido progresivamente cooptado por estos grupos, sin reparar en los riesgos que esto conlleva para los pacientes, pues muchos de los medicamentos adquiridos no son los que convienen y se compran a precios ridículamente altos al compararlos con los que se podrían conseguir en el mercado internacional.

Toda medida para corregir esa aberración debe ser considerada impostergable, y se debe evaluar si es válido arriesgar la salud de los pacientes mientras se puede limpiar el mercado de fármacos en Guatemala.

La denuncia del procurador de los Derechos Humanos llama a un razonamiento válido sobre este punto, porque aunque en este momento hay varios vinculados con el caso que la Cicig y el MP presentaron ante los tribunales, la compra de medicinas continuará con todas sus nefastas implicaciones en tanto no exista un impedimento legal.

El abastecimiento en el Seguro Social conlleva decidir entre comprar con transparencia en el mercado local, aunque haya críticas y ataques, o hacer las adquisiciones en el mercado mundial, con demoras, pero con mejoras de precio. Ninguna de estas opciones satisface a los proveedores inescrupulosos y a quienes trabajan para ellos, porque les hace perder un feudo que coparon para enriquecerse a base de corrupción.

La responsabilidad de encontrar medicinas adecuadas para los pacientes recae dentro de la estructura del Seguro Social en una dependencia llamada Comité Terapéutico, que sugiere cuáles compras se deben hacer. Tanto sus integrantes como las máximas autoridades del IGSS deben hacer públicos sus criterios, en un proceso transparente acorde con las exigencias de la población, a la brevedad posible.

Debe quedar claro que la actual disputa entre autoridades y proveedores se debe a la enorme cantidad de dinero involucrado, más de 3,300 millones de quetzales. La directiva del IGSS tiene la oportunidad de corregir estas fallas que tanto daño han causado, y buscar el apoyo de los afiliados y el público en general, por medio de una política de puertas abiertas a toda la información relacionada con las negociaciones locales e internacionales que realiza la institución estatal autónoma con mayor presupuesto.