El caso lo han manejado con tanta reserva que difícilmente nos enteraremos de los detalles, mucho menos de que se haga algo por perseguir a los frustrados asesinos. Lo que sabemos es poco. Por alguna circunstancia aún desconocida, esta turista canadiense llegó a Santa María Xalapán sin imaginar la pesadilla que le esperaba.

Los pobladores vieron a una “canchita” y rápido la acusaron de ser “trabajadora de la mina”. Acto seguido, algunos de los pobladores, seguramente azuzados por los “líderes” de la “resistencia antiminería”, la vapulearon. No contentos con golpearla hasta casi matarla, la desnudaron y la ataron a un árbol, lista para ser ejecutada. En un último golpe de suerte para la canadiense, antes de que la mataran, llegó un grupo de policías a la población, quienes “dialogaron” con los asesinos en ciernes y lograron convencerlos de que no la mataran y se la entregaran.

Hay varios puntos que me preocupan de esta situación. El grado de polarización y confrontación a que el movimiento de la “resistencia antiminería” ha llevado a la gente. ¿Cómo es posible que se pueda considerar el trabajo en una empresa minera un crimen merecedor de la pena de muerte? ¿A qué grado de salvajismo se ha llegado como para golpear y ejecutar a una mujer indefensa? Hasta la fecha no se ha dilucidado si la canadiense era “trabajadora de la mina” o no. Pero aún si ese fuese el caso, ¿es esa razón suficiente para vapulearla y asesinarla?

Me preocupa todavía más que el caso haya pasado sin la menor trascendencia. Un par de notas de prensa y nada más. No hubo ninguna organización de derechos humanos que se pronunciara al respecto, ni siquiera la misma Procuraduría. Quizá porque estaban muy ocupados velando porque se respetaran los derechos de los integrantes de la “resistencia antiminería” en La Puya.

No ha habido ninguna campaña en el internet por defender los derechos de la canadiense. Veo cómo muchos guatemaltecos comparten en las redes sociales su indignación por la sentencia de muerte contra Meriam Yahia Ibrahim Ishag, la sudanesa que fue condenada a muerte por profesar su fe cristiana —indignación que yo comparto—, pero no se dan cuenta que de aquí mismo, no al otro lado del mundo, se dan casos peores.

Comparado con los de la “resistencia antiminería”, hasta el tribunal extremista islámico de Sudán se ve magnánimo al permitirle a Meriam que dé a luz al hijo del que estaba embarazada cuando la condenaron y darle dos años de espera para que pueda amamantarlo antes de que la ejecuten, mientras aquí a la turista canadiense la vapulearon, la mantuvieron amarrada desnuda a un árbol y la hubieran ejecutado de no ser por la llegada de los policías que la rescataron.

¿Harán algo las autoridades contra los responsables? Lo dudo. Y usted, ¿qué va a hacer?