La controversia esta desatada, el malabarismo político manipula a su antojo: “Sin Cicig estamos mal. El Ministerio Público no puede solo”. Solo con la ayuda de fiscales especialistas de la Cicig se pueden ganar los juicios en contra de los granujas porque los fiscales nacionales después de 12 años siguen en párvulos…

Y hay mutis, mucho mutis, cuando salen a relucir los casos paradigmáticos que le dieron lustre, luces y tarima a los personajes de la Cicig. El caso IGSS Pisa, que tuvo una tracción mediática apabullante, es uno de ellos. Seguir el rastro jurídico y auscultar la historia procesal de este juicio es como seguir ratas en un laberinto de laboratorio.

El artículo de Mary Ogrady en Wall Street Journal, refrenda lo que este escribiente y muchos otros hemos dicho en cuanto al seguimiento procesal de la mayoría de los llamados juicios de alto impacto. Leamos lo que escribe Ogrady.
“A las 6 am del 20 de mayo de 2015, la policía arrestó al señor Quirín en su casa en la Ciudad de Guatemala sin decirle por qué. Es ilegal retener a cualquiera en esa mazmorra durante más de 24 horas, pero el Sr. Quirín pasó una semana allí, junto con los otros cinco miembros de la junta ejecutiva del IGSS. Fueron acusados de fraude. El fiscal principal de la Cicig, Iván Velásquez, realizó una conferencia de prensa para condenar a los acusados. Se invitó a los medios a fotografiar a los miembros de la junta en las jaulas, mientras los miembros de las pandillas en las jaulas adyacentes se mofaban. Dos de los seis acusados murieron en la cárcel. Uno se suicidó luego de que se le negara atención médica para la depresión. Los miembros de la junta están en la cárcel porque firmaron un contrato del 2015 con la empresa mexicana Pisa para brindar tratamiento de diálisis. La Cicig alega que cometieron fraude al firmar ese contrato, pero no ha presentado pruebas de un delito.

La Junta Ejecutiva siguió el procedimiento establecido seleccionando al azar la junta de licitación, que manejó el proceso de licitación, de una lista de candidatos examinados proporcionada por la administración de IGSS. La Cicig dice que no todos los candidatos eran adecuados. Pero como argumentó el abogado defensor ante el Tribunal, la Junta Ejecutiva no evalúa a los candidatos de la junta de licitación. Tampoco rige sobre la idoneidad de los oferentes. El trabajo de la Junta Ejecutiva es revisar el contrato y asegurar que se proporcione una fianza de cumplimiento. Si hubo alguna violación, fueron administrativos, no penales.

Le pregunté a la Cicig qué pasó con el vínculo; evadió la pregunta. La oficina del fiscal general admitió ante el Tribunal que ningún miembro de la Junta estaba vinculado con pruebas de escuchas telefónicas ni se encontraba en posesión de una riqueza inexplicable. Al no encontrar un delito, la Cicig ahora alega incompetencia. En sus observaciones finales, el fiscal de la Cicig, César Rincón, dijo que ningún miembro de la junta causó ningún daño financiero al IGSS. Él los calificó de criminales de cuello blanco de todos modos.

Agrego a lo escrito por Ogrady que al seguir cada uno de los detalles de este juicio lo que salta a la vista es una apabullante violación de los derechos procesales y humanos de los imputados. En el caso de Max Quirín se han suspendido las audiencias para que se le otorgue medida sustitutiva, pero la Cicig sigue entorpeciendo el proceso para que permanezca en prisión preventiva, a pesar de que ya son tres años y siete meses de estar detenido injustamente.

Justicia simulada, diría Sócrates.