HE LEÍDO EN INTERNET numerosos comentarios adversos a la propuesta de privatización del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, disimulada bajo la forma de un proyecto de “reformas a la ley”, para tomar el pelo a diputados que pudieran no tener suficiente información acerca de la idea de convertir al IGSS en un negocio de un grupo de inversionistas dispuestos a comprar todo lo que le venda el Gobierno, como ha sucedido en el pasado.

Uno de los argumentos torales de los promotores de la apropiación indebida de las cuotas que sostienen al IGSS es que este instituto “no sirve para nada, es un foco de corrupción” y que todo se arreglaría si esa función estatal de atender las necesidades de salud de los trabajadores pasa a manos de personas que dominan el arte del mercadeo.

Debería dar vergüenza decir que el IGSS no sirve para nada, pues atiende a cerca de 1,500 pacientes cada día, de instituciones públicas y del sector privado.

La afirmación de un miembro de la Comisión de Previsión Social del Congreso de la República de que ha recibido tres mil denuncias de mala atención a los enfermos, me parece fuera de toda consideración; porque, aunque fuese cierta, esa cifra es insignificante ante más de un millón de afiliados que no han enviado a la Comisión ninguna denuncia ni queja. Sin descontar el hecho de que si bien el funcionamiento del IGSS en algunos aspectos es deficiente, por la mala calidad, falta de iniciativa, incapacidad y comportamiento corrupto de algunos de los ejecutivos que lo administran —lo cual es corregible— gran parte de las quejas no tiene fundamento.

De todos modos, no está bien en un legislador que ha llegado al Congreso de la República lleno de altos méritos obtenidos en la Academia —los que soy el primero en aplaudir—, utilizar ese argumento de las tres mil quejas, porque no puede demostrar que estén fundadas en buenas razones, porque es dudoso que existan y porque ese argumento no vale si no es analizada queja por queja para determinar su veracidad e importancia.

Yo podría afirmar, falsamente, que he recibido 10,000 denuncias contra el Congreso y 3,000 contra el comportamiento de los diputados; pero, nadie sería tan candoroso para creer esas afirmaciones, no obstante que la inconformidad contra el trabajo legislativo genera comentarios acres y algunas veces fundamentados.

Ahora bien, si 3,000 denuncias valen para privatizar el IGSS, las 10,000 denuncias que yo dijera haber recibido contra el Legislativo, deberían ser suficientes para vender el Congreso con todos los diputados dentro, a bajo precio, como ha ocurrido en anteriores privatizaciones de los activos del Estado.

En esto de las quejas y denuncias debo recordar, además, que se ha desarrollado en los pasados cincuenta años una disciplina científica —la psicología médica— que ha calado hondo en los cambios de personalidad de muchos pacientes, y encontrado que en no pocos casos “existen enfermos y no enfermedades” algunos de los cuales acusan el síndrome de la “quejitis” entendida como tendencia a quejarse del hospital, de los médicos, de las enfermeras, de las recetas, de las medicinas y de los empleados administrativos, no porque los enfermos tengan malas intenciones, sino como producto de sus padecimientos.

El IGSS, es cierto, tiene grandes problemas por resolver y necesita mejoras sustanciales que le permitan atender a toda la población laboral y uno de los requisitos preliminares es liberarse del boicoteo de que ha sido objeto durante muchos años.

Finalmente cabe preguntar ¿de dónde sale ese sorpresivo interés por “mejorar” la atención en materia de salud de los trabajadores, en personas que tienen poca estima por ellos, al punto de promover constantemente la abolición de la seguridad social, el salario mínimo, el impuesto sobre la renta y aumentar el IVA, sustituir los sindicatos por asociaciones de otro tipo y desmantelar lo que queda de la buena legislación laboral?