La represión en América Latina tuvo similares características. Será porque formaba parte de un plan para erradicar cualquier iniciativa progresista, será porque existió una alianza entre las oligarquías y los ejércitos nacionales, será porque se siguió al pie de la letra la Doctrina de Seguridad Nacional y quienes la aplicaron se formaron en los mismos lugares de tan triste recordación.

Los ejércitos se convirtieron rápidamente en los verdugos de sus pueblos. Hubo también civiles que formaron parte de los aparatos represivos e integraron los cuerpos de “inteligencia”, desde los que se controlaban los escuadrones de la muerte. Basta leer los archivos desclasificados del Gobierno de los EE. UU. para conocer la dimensión de la represión y de la tragedia. Y esa violencia no se equipara a ninguna otra: el Estado mató, torturó, masacró y desapareció a cientos de miles.

El terrorismo de Estado no fue un invento, sucedió aunque quiera negarse. Lo ocurrido no fue solamente un enfrentamiento entre dos bandos. La barbarie se extendió y alcanzó a población civil no combatiente, incluyendo niños, mujeres, ancianos y bebés; también asesinaron o desaparecieron a profesionales, estudiantes, sindicalistas, líderes gremiales y religiosos con o sin militancia o adscripción con organizaciones de la izquierda política o revolucionaria. Se aplicó a pie juntillas aquello de “si no estás conmigo, estás contra mí” y por eso la tierra arrasada, el genocidio, la violencia institucionalizada. En ninguno de los casos hubo un proceso penal ni una condena en un juicio justo.

Por eso la reivindicación por memoria, verdad y justicia es común en las sociedades latinoamericanas. Por eso se sigue exigiendo terminar con la impunidad —la del pasado y la del presente—, por eso siguen adelante los juicios contra los represores y los genocidas.

Por eso el 10 de mayo en Argentina una multitud salió a la calle para repudiar la intención de tres magistrados de la Suprema Corte de aplicar el “dos por uno” a los responsables de gravísimas violaciones a derechos humanos. Por eso en Uruguay, el 20 de mayo, con la consigna “Impunidad, responsabilidad del Estado ayer y hoy”, más de cien mil personas asistieron a la Marcha del Silencio para llamar por su nombre a cada uno de sus desaparecidos y exigir saber su paradero.

Y por eso también los grupos que apoyan la represión y la justifican se organizan para intentar detener los procesos penales, lograr amnistía e impunidad. En una entrevista en el diario El Tiempo, de Argentina, el sociólogo Daniel Feierstein, autor del libro El genocidio como práctica social lo explica claramente: “Los grupos de familiares y de apoyo a los represores comenzaron a construir una red institucional que buscó emular organizativamente a la de los organismos de DDHH. Formaron grupos de familiares y otros que buscan profesionalizar el reclamo (…) argumentalmente han buscado abstraer a las ‘víctimas’ de las condiciones en las que ocurrieron las acciones, homologando situaciones incomparables y construyendo un ‘universo’ de víctimas y demandas con las que interpelar a la sociedad”.

Y sobre el tema mediático opina: “A partir de 2016, los medios hegemónicos han iniciado, a la vez, una verdadera ofensiva, abriendo la palabra a estos sectores mucho más allá de su peso en la sociedad. La operatoria radica en poner a los relativizadores en un plano de igualdad con el discurso de las víctimas del genocidio”.

Casi como si hablara de Guatemala. Pero seguimos siendo más quienes en nuestros países exigimos memoria, verdad y justicia.