Después de la aprobación de la polémica ley que pretende regular el funcionamiento de las tarjetas de crédito, el Congreso dio ayer un nuevo paso para lavarse la cara, y aprobó tras fuerte discusión las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado. No fue fácil, ya que algunos diputados caracterizados por su dudoso proceder votaron en contra, porque quizá esperaban que modificara el artículo polémico que limita a algunos negociantes mantener transacciones comerciales con el Estado.

Con esta nueva regulación se espera que se hayan reducido efectivamente los espacios para que funcionarios, familiares o dignatarios de la Nación puedan implementar negocios a la sombra del poder y del tráfico de influencias. El artículo 34, que establece las prohibiciones, no solo provocó el primer bache en la aprobación de los cambios, porque no solo reglamenta a quienes pueden ser oferentes del sector público, sino que también estipula aspectos de cumplimento con el estado de Derecho.

Vergonzoso talvez sea un calificativo que se queda corto para definir la actual labor de ciertos diputados con conflictos de intereses, pues esta nueva ley podría representar un cambio para un perverso modelo que les permitía venderle servicios o productos al Estado, y por ello es que debió ser mucho más abrumadora su aprobación. Como ha ocurrido con las últimas normativas aprobadas, muchos congresistas se resisten a dar el primer paso cuando ven afectados sus intereses, y por ello se hace necesaria la presión pública para empujarlos.

Por leyes como la que se hizo necesario reformar se han acrecentado los casos de corrupción, porque muchos legisladores o bien sus familiares y allegados son propietarios de empresas que prestan servicios o le venden suministros al sector público. Eso ha provocado los mayores casos de corrupción, como los descubiertos en los últimos meses, que denotan un infame tráfico de influencias por parte de funcionarios cercanos a los gobernantes, quienes se han prestado a protagonizar vergonzosas escenas como la oficialización de eventos en los que han resultado favorecidas empresas afines.

Es prematuro para alabar por completo esas reformas, pero lo deseable es que los diputados en realidad hayan reglamentado la ruta para enderezar el modelo de contrataciones y adquisiciones. Era lamentable que los diputados se opusieran a la aprobación de esa ley, con todos los problemas que presentaba la actual normativa. Ninguna nación puede avanzar en la construcción de una mejor sociedad si quienes deben regular la conducta de grandes sectores de la sociedad solo buscan legislar en su beneficio.

Guatemala es uno de los países en los que más caras resultan ciertas adquisiciones, porque existe todo un andamiaje para la colusión entre funcionarios venales que en conjunción con diputados inescrupulosos encuentran la vía de filtrar propuestas amañadas. Por ello es que se espera que con la aprobación de estas reformas el sector público pueda tener muy pronto un respiro de transparencia y que todo aquel que ose transgredir el espíritu de los artículos reformados pueda recibir, sin dilación, todo el peso de la ley.