Las agresiones contra los miembros de la Prensa son cosa de todos los días. La investigación, el reporte de sucesos y el trabajo acucioso de análisis plasmados en las páginas de diarios y revistas impresos o digitales, causan algo más que escozor en algunos ciudadanos incapaces de comprender que el medioevo ya pasó y la Prensa no es un escollo, excepto para quienes abusan del poder y trasgreden las normas establecidas.

Las expresiones y actitudes de ciertos funcionarios contra el desempeño profesional de colegas y analistas políticos alimentan una hoguera peligrosa, abriendo un cauce de agresiones en contra de todo comunicador cuya labor amenace intereses espurios y actividades ilícitas. El momento actual, por lo tanto, presenta signos de violencia cuyas características se asemejan peligrosamente a las vividas durante el conflicto armado, y eso supone un retroceso de décadas para el sistema democrático que se intenta consolidar.

Las agresiones a la Prensa nacional y sus miembros no es nada nuevo, el trabajo periodístico ha representado una amenaza constante para la casta política que se ha erigido en un círculo de intocables en cuyas manos están las llaves de la caja fuerte y, algo aún más sensible, la capacidad de cambiar las reglas del juego mediante un trabajo legislativo clientelista.

Esto ha significado un conflicto permanente entre instituciones; es preciso recordar, entonces, la importancia de la Prensa para el desarrollo de un sistema democrático saludable y funcional. Sin esta fuente de información hacia y desde la ciudadanía, un país cae indefectiblemente en un estado de tiranía y en el colapso del estado de Derecho. El ejercicio del periodismo es, por tanto, un baluarte de las libertades y derechos de las mayorías.

En esta sintonía es en donde la permanencia de la Cicig adquiere vital importancia para resguardar la integridad de las instituciones más susceptibles de ser cooptadas por grupos de interés diversos. Por un lado, el enorme poder económico de las organizaciones criminales, ávidas de apoderarse de las riendas del Estado y, por otro, gavillas de políticos corruptos dispuestos a cualquier negociación para conservar su inmunidad.

El momento es clave para la integridad de la nación. Y sin duda la decisión se encuentra en una balanza extremadamente sensible a presiones internas y externas. La razón, sin embargo, dicta que sin un organismo independiente capacitado para investigar a las organizaciones criminales enquistadas en el sistema, estas podrían operar destruyendo de manera acelerada todo resto de institucionalidad. La debilidad del Estado y del sistema judicial han sido provocados, precisamente, por grupos de interés opuestos a la consolidación del estado de Derecho con la capacidad de oponerse a toda fiscalización.

Aprovecho la ocasión para manifestar mi total solidaridad con mi amigo y colega Mario Antonio Sandoval Samayoa, quien ha sido víctima de una incalificable agresión por parte del alcalde Arzú. Mario Antonio es un académico, periodista e intelectual digno de todo mi respeto y admiración.

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