Las distintas protestas que se han registrado en las últimas semanas en muchos de los centros urbanos del país y, principalmente, en la capital no son más que la expresión de hastío a frustraciones acumuladas, motivadas principalmente por la desvergonzada corrupción, que ha quedado al desnudo en la administración pública. A ello se suma una de las peores crisis financieras estatales, que tiene a muchas otras entidades afrontando penosas carencias.

Por ahora, el principal foco de descontento apunta a demandar la renuncia del presidente, algo que no será suficiente si a la par no se emprende una serie de reformas, y todo ello acompañado de una profunda depuración de algunas instituciones, en las que se ha enquistado gente servil, oportunista e inmoral, que han utilizado sus posiciones para virtualmente saquear las arcas nacionales, ya sea mediante gastos superfluos o bien para simular plazas que solo engruesan el bolsillo de funcionarios inmorales.

La pestilencia de esa podredumbre, que era un secreto a voces, se hizo evidente para la población con el destape de por lo menos tres redes criminales incrustadas en el Estado, lo cual ha provocado la justa indignación ciudadana, que más allá de las consignas de protesta debe motivar una respuesta sistemática de los organismos encargados de efectuar cambios legales y procedimentales, a fin de cerrar las brechas que han permitido la discrecionalidad, el nepotismo y la malversación.

Es obvio que no basta con la purga del Gobierno Central, pues la ola de indignación también ha estremecido los cimientos del Poder Legislativo, donde se concentra el origen de la problemática nacional, y es por ello que resulta sospechosa tanta diligencia en buscar la aprobación de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, porque además de ser una de las instituciones más desprestigiadas y con menor credibilidad, alberga a algunos de los más oscuros exponentes del transfuguismo, el chantaje político y la búsqueda de privilegios.

El fortalecimiento institucional quedaría maltrecho, si las exigencias de renovación no se extienden al Poder Judicial, que desde hace años ha dejado de ser el equilibrio de un tambaleante sistema que lejos de funcionar con equidad y valores, ha llegado a extremos de estar al servicio de los delincuentes, a través de los perversos oficios de ciertos abogados con conexiones e influencias que hace mucho debieron haber sido defenestrados.

El panorama se pinta cargado de retos, que obviamente requiere de soluciones integrales, estratégicas y libres de sectarismos políticos y económicos. Quienes todavía tienen la posibilidad de incidir en alguna reforma deben hacerlo de manera responsable, para no agitar un ambiente que ya no soporta más abusos de poder ni más mentiras disfrazadas de demagogia enmascarada con discursos aparentemente ciudadanos, plagados de citas mal copiadas o demandas publicitariamente llamativas, pero vacías. La ciudadanía se cansó de que los políticos se creyeran muy listos: ahora les toca ser inteligentes, éticos y coherentes.