El crecimiento de la deuda pública durante las últimas décadas se ha debido a la irresponsabilidad con que gobernantes y sus colaboradores más cercanos han manejado los recursos públicos, y la miopía de quienes ejercieron tan alta magistratura sin haber tenido las cualidades para ello. Si nada de eso hubiera ocurrido, el país no habría llegado a tener una deuda que hoy supera los Q120 mil millones, lo que cada año incrementa el déficit fiscal.

A las puertas de una nueva discusión sobre el plan de gastos para el 2016 es oportuno lanzar la voz de alarma para que paren esos abusos, pues ninguna nación ha logrado avanzar con niveles de endeudamiento como los que se aprueban en Guatemala. De sancionarse el presupuesto para el 2016, se estima que solamente para pago de deuda subiría más de Q14 mil millones, equivalentes a unos Q38.5 millones diarios, lo que elevaría los compromisos, internos y externos a la gigantesca suma de más de Q134 mil millones.

El primer gran problema que deberían comprender quienes aprueban esos adeudos es que constituye una absoluta irresponsabilidad y crimen de lesa patria endeudarse para pagar el endeudamiento y que un altísimo porcentaje de esos recursos se dedique al funcionamiento, es decir al pago de miles de plazas, muchas de ellas inexistentes. Mientras que si se contrae la inversión reduce las posibilidades de dinamizar el crecimiento económico, por lo que diversos sectores han lanzado una explicable y justificada voz de alerta.

Si a ese deplorable panorama se agregan los efectos devastadores de la corrupción en el sector público, la mezcla resulta terrible. Ningún país ha salido bien librado cuando existe tanta irresponsabilidad en la conducción de la cosa pública. Algo que ya se puede ver con el estancamiento en la recaudación tributaria, impactada por los recientes escándalos descubiertos precisamente en la institución llamada a incrementar la recaudación tributaria.

Lejos de eso, la combinación irresponsable entre las metas presupuestarias basada en la recaudación de impuestos que nunca se logran ha provocado que la brecha fiscal presente amenazantes niveles en el déficit público.

En los últimos días han crecido las voces de rechazo a este nuevo plan de gastos, porque continúa con la tendencia deficitaria de los últimos años. Para resolver ese desequilibrio lo menos que cabría esperar es que sea por la vía de un mayor endeudamiento y menos por la vía de emisión de bonos, que en el fondo solo beneficia a los especuladores. Es necesario que las autoridades respectivas justifiquen cada decisión.

El primer reto que deben afrontar quienes tienen en sus manos esta aprobación es ser realistas, y un primer paso que debería tomarse es hacer un drástico recorte en todos los gastos que impliquen clientelismo o pago de favores políticos. El segundo paso es abrir un amplio y urgente debate para que organismos internacionales y expertos en el tema aporten los mejores criterios para enderezar el rumbo de cómo y en qué se deben gastar los miles de millones de quetzales que aportan los guatemaltecos con sus impuestos.