Dentro de unos días se celebra la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático, en París. Van más de 20 años de negociaciones globales sobre clima y casi nada se ha logrado. Pero los efectos del cambio climático han alarmado a las compañías aseguradoras y a los líderes de los países que tendrán que lidiar con los refugiados ambientales. Tal vez por eso ahora sí lleguen a un acuerdo global cuya violación no quede impune, como hasta ahora. A mí no me queda espacio para el optimismo respecto de esas negociaciones.

En Guatemala, en cambio, deberíamos ser optimistas, pues parece que el presidente electo, Morales, tiene su vena ambientalista. Si fuera cierto el rumor que corre, de que Federico Franco será su ministro de Ambiente, don Jimmy está reciclando. Franco ya fue viceministro de Ambiente, con Juan Mario Dary, durante el gobierno de Berger; y fue viceministro de Energía y Minas, con Carlos Meany, en el gobierno de Colom; dos gobiernos “súper amigos” del sector minero. El presidente electo dijo que va a seguir impulsando la minería, pero —igual que aseguró Berger— se encargará (¿en tiempo pasado?) de que las cosas se hagan bien.

El martes, Prensa Libre publicó una entrevista con Jorge García Chiú, ex viceministro de Energía y Minas en la era Berger y exdirector de gestión ambiental del Ministerio de Ambiente, en la que dijo que el reto del nuevo gobierno es modificar las leyes, aumentar las regalías y cambiar la forma en que se hacen las cosas. Dijo también que hay 80 licencias vigentes de minería metálica. ¿Planean otorgar más, aun si la población no acepta la minería metálica? Aquí, lo que quiera el pueblo es irrelevante para los gobernantes. Se hace lo que ellos mandan y punto.

Pero no todos los políticos permanecen indiferentes al clamor de la gente. La semana pasada, doce congresistas estadounidenses dirigieron una carta al presidente Maldonado, en la que expresan su preocupación sobre la mina El Tambor (la de la Resistencia Pacífica de La Puya), propiedad de la empresa estadounidense KCA. A pesar de que un tribunal de amparo guatemalteco ordenó la suspensión de actividades, pues no tienen los permisos en orden y el estudio de impacto ambiental presenta serias deficiencias, Exmingua (la filial local de KCA) continúa operando. Los congresistas le piden al presidente Maldonado que demuestre respeto al estado de Derecho, que ejerza su autoridad para que se cumpla con el fallo y termine la ilegalidad; que asegure que las inquietudes sobre el impacto ambiental sean abordadas. Piden que se investiguen las agresiones violentas del pasado y el uso de fuerza excesiva de parte de agentes policiales contra los manifestantes. Lo instan a que tome medidas concretas para iniciar un diálogo con los residentes de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc; y piden que el Gobierno de Guatemala se abstenga de presentar cargos espurios contra los residentes y líderes de estas comunidades que se oponen a la mina El Tambor. No sé si entiendan eso aquí.

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