Es difícil realizar un balance respecto de lo ocurrido en los últimos 12 meses en Guatemala. El 2015 fue un año complejo, como los últimos 50, y sin embargo por algunos meses fuimos capaces de albergar la esperanza de que las cosas pueden ser y hacerse distintas. Más temprano que tarde la realidad nos despertó y demostró que se requiere bastante más que una ciudadanía indignada para realizar las transformaciones de fondo.

No es menor, sin embargo, lo ocurrido durante las jornadas de abril a septiembre. Las multitudinarias movilizaciones en las que participamos miles de guatemaltecos terminaron con décadas de apatía ante una realidad lacerante que parecía haberse normalizado; y no hablo de los pueblos indígenas y las organizaciones campesinas que nunca han dejado de luchar y movilizarse, sino de sectores que “descubrieron” que es necesario participar e involucrarse para lograr objetivos comunes.

Tremendo empujón nos dieron las investigaciones realizadas por el MP y la Cicig y bastante ayudó la desfachatez de los funcionarios, su grado de descaro y el desparpajo con que se presentaban públicamente a negar lo evidente. Las condiciones paupérrimas del sistema de salud, y la muerte de los pacientes renales por los negocios y las coimas de los directivos del Seguro Social, o las aulas deterioradas de las escuelas con los alumnos sentados en el suelo o en bloques de concreto, en contraste con los lujos, excentricidades y propiedades de funcionarios y diputados, terminaron por hacer que la gente saliera a las calles a manifestarse contra la corrupción y a demandar justicia.

Hoy tenemos un expresidente y una ex vicepresidenta en prisión a la espera de un juicio, y decenas de funcionarios imputados en diferentes causas. Las investigaciones son suficientemente sólidas para suponer que el sistema funcionará y se sentará un precedente, y eso en un país como el nuestro, donde impera la impunidad, no es poca cosa. Sin embargo, el fondo del asunto, es decir, las transformaciones estructurales, siguen pendientes.

La corrupción es el efecto y no la causa, es la consecuencia de un sistema de acumulación y privilegios en donde un pequeño grupo es inmensamente rico y las grandes mayorías se debaten entre el hambre y la sobrevivencia. Y eso todavía es un asunto que no nos moviliza y peor aún que tenemos naturalizado.

Asistimos al cierre del año con 9.4 millones de pobres y con la cifra de miseria en aumento; con la mitad de los niños y niñas chapines desnutridos crónicamente y con 7 de cada 10 niños menores de 10 años viviendo en hogares pobres. Volvimos durante 2015 a ser partícipes de la negativa de la cúpula de empresarios de siquiera discutir un impuesto extraordinario para fortalecer la justicia y la seguridad; y vimos una vez más los efectos de la vulnerabilidad económica y social con la tragedia del Cambray.

Después de sacar a un presidente corrupto —que fungió durante años como oficial de inteligencia— se vota por un partido fundado por militares de línea dura —compañeros algunos del depuesto— que nos hace pensar en más de lo mismo. Los dirigentes comunitarios que defienden la naturaleza y el territorio siguen presos, sin derecho a medida sustitutiva, y varios de los jueces y funcionarios corruptos están en su casa con prisión domiciliar.

Quizá lo que hace falta es salir del gatopardismo que nos tiene atrapados hace años y que evidentemente volvieron a usar los de siempre. El mayor desafío será construir una alternativa unitaria que potencie una perspectiva real de cambio para atacar los problemas de fondo.