Los resultados de las auditorías efectuadas entre 2012 y 2015 por la Contraloría General de Cuentas de la Nación a las municipalidades del país reflejan datos significativos que merecen ser conocidos y comentados porque ponen de manifiesto la necesidad de implementar y afianzar efectivas formas de control de las inversiones hechas por los alcaldes y los concejos. No es de extrañar que la mayor cantidad de hallazgos se encuentren en corporaciones ediles de ciudades importantes.

De las 20 municipalidades con más hallazgos, las cinco primeras suman 515 casos y corresponden a las ciudades de Quetzaltenango, Villa Nueva, Mixco, Antigua Guatemala y la capital. Destaca la comuna quetzalteca, con un 37% del total, o sea una de cada tres. Las tres siguientes significan una de cada seis, y la capitalina, una de cada siete. Este dato es importante porque a causa de su población, los fondos alcanzan sumas importantes. El resto se refiere a comunas de poblaciones departamentales medianas y pequeñas, por ello con poco presupuesto.

En números, los hallazgos son: Quetzaltenango, 194; Villa Nueva, 84; Mixco, 82; Antigua Guatemala, 81 y la capital, 74. La municipalidad altense también ocupa el primer lugar en cuanto a multas millonarias por sobrevaloraciones, así como en sanciones. Las comunas de la capital, Amatitlán y San Pedro Ayampuc, del departamento de Guatemala, acumularon 34 millones de sanciones económicas en el 2015.

Es digno de señalar que según la Fiscalía contra la Corrupción, del Ministerio Público, el 47% de las denuncias recibidas se refieren a irregularidades en el manejo de los gobiernos municipales. Todos estos datos no solo comprueban la necesidad de que haya control estatal sobre los fondos constitucionales para las comunas, sino que es inconveniente mantener sin cambios la figura jurídica del antejuicio, y por ello es otro error político presidencial la promesa de apoyar que se mantenga a toda costa este privilegio del que se ha abusado tanto en el Congreso como en otras instancias de la administración pública.

Se puede señalar que, en ocasiones, estos reparos de los entes de investigación pueden ser el resultado de acciones tomadas a causa del desconocimiento de los alcaldes y las corporaciones municipales, integradas por personas sin experiencia. Pero eso únicamente ocurre así en poblaciones pequeñas, donde quienes alcanzan esos puestos no necesariamente conocen hasta dónde llegan los límites de la autonomía municipal, lo que de ninguna manera es un permiso para actuar sin llenar los requisitos.

No es el caso de las ciudades grandes o de la capital, donde el mando edil desde hace muchos años constituye una meta política clara, utilizada para ascender al Congreso y la Presidencia, entre otros puestos. El ojo investigador acerca del empleo de los fondos debe pasar también por aquellos mecanismos utilizados para manejarlos sin el control de estos entes, como es el caso de los fideicomisos. Los informes de estas auditorías recuerdan a los servidores públicos con el cargo de alcaldes que haber logrado el voto favorable de la población no implica un cheque en blanco para decisiones cuestionables.