Cuando se gestiona por la iniciativa privada, los violentos son llevados a los tribunales y se les exige cumplir con la ley —no siempre—; de ahí las “protestas sociales” amañadas. En el caso más extremo se les corta el suministro por falta de pago. En cambio, si se nacionalizara el interlocutor sería el Estado o la Municipalidad; es decir el cuate corrupto —como ellos— que haría la vista gorda, y el desfalco saldría de los impuestos de ciudadanos honrados que son quienes financian a esos “empresarios” del robo. La exigencia, por tanto, no es ilusión de bruto, sino estrategia de corrupto.

Las empresas estatales son un botín en todas partes del mundo; aquí, quizá, mucho más evidente. Proveen fondos para pagar favores políticos y el enriquecimiento ilícito de quienes hacen el trabajo sucio de mover masas, agitar comunidades, financiar o apoyar bajo la mesa, etc.

La privatización fomenta la competencia y promueve reglas y normas jurídicas que sirven para reclamar las irregularidades que se observen, razón por la que esos grupillos de violentos ladrones prefieren dialogar con sus pares de la administración pública, en lugar de con empresarios o jueces. No es admisible por más tiempo el robo que determinadas organizaciones hacen de la energía eléctrica, pero también mediante la ocupación de fincas, los reclamos de “propiedades comunales”, la minería, las hidroeléctricas, etc. El negoción Pérez —nunca mejor dicho— consiste en terminar pactando una cuota de poder que permita engrosar las arcas de esos movimientos extorsionistas o libere de culpa a los criminales. De esa guisa determinados grupos terminan el año fiscal con millones en sus arcas —libres de impuestos— que reparten entre la dirigencia, la misma que junto con opinadores afines  reclaman en otros trasparencia y cuentas claras de las que, por cierto, ellos están exentos, por ser ONG no sujetas a fiscalización.

Padecemos momentos de extorsión, de ahí la virulencia de esos provocados e interesados conflictos. Tratan de sobrevivir en un mundo de hampa y de crimen organizado que promueven desde la sombra, aunque dicen querer evitar. Acusan a quien se le pone enfrente o gastan tiempo y dinero en lanzar basura por doquier. Viven de eso, porque a poco que investigue se comprueba que todos ellos no se les conoce tarea productiva alguna que no sea “la defensa de los derechos humanos” o la “actividad social”, suerte de prestezas que requieren de dinero de otros para continuar “con la lucha indígena y campesina”. Fueron criminales en el pasado y lo siguen siendo en el presente, aunque más sofisticados.

Pretenden culpar a otros pero en el fondo son delincuentes que practican la extorsión, el secuestro, el anonimato y el robo.

Esto de que el conflicto duró 36 años es un entelequia. Sigue, a pesar nuestro, con el beneplácito de quienes nunca supieron hacer nada útil ni productivo, dedicaron su frustrada vida al pillaje y ahora, a la vejez, alienta a nuevas generaciones a prolongar por más tiempo el  constatado fracaso.

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