Entidades llamadas a jugar un papel determinante en la consolidación de un modelo de democracia participativa o de un sistema de justicia incuestionable han sido desnaturalizadas ante el avance de políticos voraces y además  poco  preparados para asumir roles protagónicos en el Estado. Más bien se da paso al desgobierno y al manejo irresponsable de recursos, al punto de que en ese escenario de fragilidad institucional se vuelve natural el pillaje en distintas esferas del poder público, lo cual repercute en otros ámbitos.

Una de las muestras más patéticas de ese creciente deterioro se vivió el pasado jueves en el Organismo Legislativo, a donde llegaron  los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para gestionar que los diputados aprueben una ampliación presupuestaria para que puedan llevar a feliz término el proceso electoral de este año. Una escena penosa que no debió ocurrir, porque desnuda la fragilidad sobre la que avanzan los preparativos y el riesgo de que puedan prestarse al manipuleo.

Ese es precisamente el punto, que una autoridad responsable y sobre todo aquellos que tienen que ver con la asignación de esos recursos debieran ser los primeros en avergonzarse por esas escenas, pues quedan mal a las puertas de un proceso que debiera contar con todo el apoyo oficial necesario, lo cual debe hacerse sin restricciones ni cortapisas. No entender lo crucial que resulta atender ese llamado, sin mayores actos circenses, solo le afecta a las autoridades que deben otorgar esos recursos sin mayores dilaciones y sin que esto se pueda prestar a malas interpretaciones.

Actitudes como las asumidas por el cuestionado legislador oficialista Godofredo Rivera son las que menos contribuyen a mejorar esa imagen, pues cuando la lógica indica que no debe acudirse a un mayor endeudamiento para cumplir con el proceso electoral, esta es la primera ocurrencia que plantean. Lo peor de ese tipo de infelices ideas es que sobre el Congreso existe una merecida desconfianza, precisamente porque en esta ocasión podrían aprovechar esa coyuntura para ampliar el endeudamiento, debido a las grandes penurias que afronta el Estado.

Tampoco es conveniente tolerar la idea de que esta nueva necesidad pueda cubrirse con más impuestos cuando el gasto en propaganda y adquisiciones clientelares son injustificables.

En el actual plan de gastos existen suficientes recursos que tienen un fin perverso, y es por allí por donde debiera empezar la tarea de hacer eficiente el uso de los fondos públicos, en vez de pretender aprovechar la ocasión para insistir en absurdos propósitos que solo pretenden rentabilidad política a costa de los contribuyentes.